La Procuraduría ha abierto una investigación al exdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez Fonseca, y a seis funcionarios más por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura de movilidad y espacio público en Bogotá. Estos proyectos, contratados con recursos de valorización, han generado preocupación debido a que, de las 16 construcciones planificadas, solo una ha sido completada al 100%, mientras que las demás se encuentran sin terminar y abandonadas.
Además de Sánchez Fonseca, la entidad investiga a exaltos funcionarios del IDU, incluyendo a Claudia Tatiana Ramos Bermúdez, Juan Carlos González Vásquez, Jaime Augusto Bermúdez Díaz, Denice Bibiana Acero Vargas, Ginna Paola García Bohórquez y José Félix Gómez Pantoja. También están bajo investigación los contratistas de interventoría, Miguel Angel Botero Gómez y Ariel Alberto Corredor Gómez, así como Juan Carlos Guio Ávila, prestador de servicios de la dirección técnica de proyectos.
Según la Procuraduría, solo una de las 16 obras contratadas ha sido completada satisfactoriamente, lo que corresponde a la obra en la calle 108 con Autopista. Sin embargo, las restantes obras presentan dificultades y retrasos en su ejecución, lo que ha generado preocupación por la posible malversación de cerca de $18.000 millones destinados a estos proyectos. Se han identificado problemas en el diseño y la construcción, así como posibles irregularidades en los contratos de interventoría y supervisión.
Néstor Mauricio Areiza, Procurador Segundo Distrital, enfatizó la importancia de una adecuada ejecución contractual de los recursos de valorización, que ascienden a aproximadamente $800 mil millones. La Procuraduría ha ordenado la compulsa de copias para recolectar pruebas adicionales y determinar si las acciones constituyen una falta disciplinaria.
Esta investigación destaca la necesidad de una gestión transparente y efectiva en la ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente aquellos financiados con recursos públicos, para garantizar el bienestar de los ciudadanos y evitar el mal uso de fondos destinados al desarrollo urbano de Bogotá.
