En un movimiento significativo dentro del Gobierno Petro, Ángela María Buitrago ha sido designada como la nueva ministra de Justicia, reemplazando a Néstor Osuna. Este cambio forma parte de una serie de ajustes ministeriales realizados por la administración actual. Buitrago tendrá la responsabilidad de dirigir esta cartera durante los próximos dos años, periodo en el cual deberá abordar diversos desafíos que enfrenta el sector judicial en Colombia.
Uno de los temas prioritarios que la nueva ministra deberá atender es el escándalo de presuntas interceptaciones ilegales, denunciado por el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Respecto a esta situación, Buitrago ha expresado una postura clara: "La justicia debe ser autónoma, libre e independiente y el Estado debe garantizar que no haya ninguna clase de presión". Adicionalmente, la ministra ha instado a la Fiscalía General de la Nación a realizar una investigación exhaustiva sobre estos hechos, subrayando la importancia de esclarecer lo sucedido.
La propuesta de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, sobre la posibilidad de otorgar principios de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar, ha generado controversia en el ámbito judicial. Frente a esta iniciativa, Buitrago ha manifestado una posición cautelosa, afirmando que "no todo se vale" y señalando la necesidad de revisar cuidadosamente las normas internacionales antes de tomar decisiones en esta materia.
También la crisis carcelaria que atraviesa Colombia se perfila como otro de los grandes retos que deberá enfrentar Ángela María Buitrago en su gestión al frente del Ministerio de Justicia. La ministra ha reconocido la complejidad de esta situación y ha expresado su intención de continuar trabajando sobre las bases establecidas por la administración anterior. No obstante, ha enfatizado la necesidad de profundizar en el análisis de la situación actual en las cárceles del país.
