La Corte Constitucional colombiana ha emitido un fallo respecto al conflicto de jurisdicciones en el caso de Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo. El tribunal ha determinado que la jurisdicción de Justicia y Paz es la competente para juzgar a personas desmovilizadas de grupos paramilitares, basándose en el artículo 16 de la Ley 975 de 2005.
El conflicto jurisdiccional se originó entre las salas de Justicia y Paz de Barranquilla y Bogotá, y la Jurisdicción Especial para la Paz (Sección de Apelación). La resolución de la Corte no fue unánime, con el magistrado Vladimir Fernández salvando su voto, mientras que los magistrados Diana Fajardo Rivera y Antonio José Lizarazo Ocampo aclararon sus votos en relación con la decisión.
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En un desarrollo relacionado, el 19 de julio de 2024, Salvatore Mancuso compareció ante la Corte Suprema de Justicia como testigo. Su testimonio se centró en la presunta relación entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el grupo criminal 'Los Rastrojos'. Mancuso, quien actualmente funge como gestor de paz en el Gobierno de Gustavo Petro, no realizó declaraciones específicas sobre la investigación de Acuña.
La comparecencia de Mancuso ante la Corte Suprema marcó la primera ocasión en que testificó ante la justicia en calidad de testigo por hechos relacionados con la violencia de grupos paramilitares en Colombia. Su testimonio se enfocó en el excongresista y actual alcalde de Sincelejo, Sucre, quien enfrenta acusaciones de vínculos con narcotraficantes y presunto apoyo para su llegada al Congreso entre 2010 y 2014.
