Un nuevo revés sufrió el gobierno del presidente Petro con la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible dos decretos más de la emergencia social, económica y ecológica en la Guajira.
Estos decretos están relacionados con los temas de la transición energética y servicio de agua potable, pero el Alto Tribunal decidió que estas normativas contempladas en la emergencia son inconstitucionales.
El Gobierno buscaba con estos decretos, entro otras cosas, que la empresa Ecopetrol comenzara los trabajos con el fin de generar fuentes no convencionales de energías. También se pretendía que la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) creara un régimen especial tarifario y de manera transitorio para el departamento, por la difícil crisis económica que está viviendo.
Para ello, también pretendía habilitar una sobretasa en la facturación en el servicio público de energía a nivel nacional en los estratos 4, 5 y 6 como “aportes al departamento de La Guajira”. El valor de esa sobretasa estaba estimado en mil pesos por factura en la zona residencial y de cinco mil en el sector comercial.
Otro de los decretos que la Corte Constitucional tumbó tiene que ver con garantizar el acceso al agua. Para ello, se había autorizado al Ministerio de Vivienda que destinara recursos al departamento de La Guajira para financiar proyectos que permitieran que la población contara con servicio de agua y alcantarillado.
Con esta decisión, el Alto tribunal ha decretado ocho decretos inexequibles, de los 11 que expidió el Gobierno Nacional para atender la emergencia en la Guajira. La situación social, económica y ecológica de la Guajira queda a su propia suerte, mientras miles de habitantes viven en extrema pobreza.
