Por: Juan Camilo Restrepo
Abogado, exministro de Hacienda, exjefe del equipo negociador del gobierno con el ELN
Gobernar con éxito entraña una dosis alta de apuro, pero no de improvisación. A menudo lo segundo termina retardando lo que se busca con lo primero. Esto es lo que le está aconteciendo lastimosamente al gobierno de Gustavo Petro con los pasos iniciales de su política de paz.
En los balbuceos de la llamada “Paz Total” se puede apreciar el contrapunto permanente que está aflorando entre los afanes y las improvisaciones. Los primeros quieren hundir el acelerador hacia la búsqueda de la paz; las segundas terminan imponiéndole un necesario freno de mano.
La llamada “Paz Total” es una propuesta novedosa e imaginativa para alcanzar la concordia en Colombia. Infortunadamente nace dentro de la más absoluta improvisación. De allí que no vayan bien las cosas y que tienden a ir cada vez peor.
La propuesta de la “Paz Total” tiene muchas originalidades que hasta ahora van conociéndose a cuentagotas, principalmente a través de noticias fragmentarias y de trinos presidenciales. Los pormenores de la “Paz Total” no están recogidos aún en un documento integral como se esperaría tratándose de algo tan fundamental para el futuro del país. Esperemos que en el próximo plan de desarrollo que se presentará a consideración del Congreso en el mes de febrero podamos apreciar una visión integral de esta política que hasta el momento es más una idea en construcción que algo terminado.
Aunque en la Ley 2272 del 2022 encontramos un atisbo del marco general de los rasgos de la “Paz Total”, es obvio que para llevarla a la práctica se requieren concreciones y coordinaciones mucho más precisas entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y las Fuerzas Militares, de las que aún se carece.
“De las carreras y los afanes solo está quedando hasta el momento el desaliento de las improvisaciones. Ojalá las cosas mejoren”
En realidad, concretar simultáneamente esquemas de paz con todos los grupos delictuales de alto impacto y con el ELN requiere una transformación gigantesca de toda la política criminal de Colombia, que todavía no se ha dibujado con claridad. La mejor prueba de ello es la controversia que no hace muchos días estalló entre el Gobierno y la Fiscalía sobre la procedencia del levantamiento de las órdenes de captura a los voceros del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’.
La gran originalidad de la “Paz Total” con relación a los intentos anteriores, radica en que busca llegar a acuerdos con todos los grupos de “alto impacto criminal” que operan en el país (como los denomina la Ley 2272 del 2022), y no con uno solo de ellos como se hizo cuando se llegó a los acuerdos de paz con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
En esta ocasión se trata —como lo describió simpáticamente Lucho Garzón hace poco— de intentar pescar la paz no con anzuelo como se había hecho anteriormente sino con atarraya. Se trata de una tarea gigantesca que requerirá máxima coordinación entre las entidades públicas para que salga bien.
Alfonso Prada, ministro del Interior y portavoz del Gobierno; junto a Iván Velásquez, ministro de Defensa; Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz y la cúpula militar.
Por el momento solo hemos visto fogonazos de buenas intenciones envueltos en el papel celofán de las improvisaciones.
Todos los días vemos aparecer un nuevo caso de contradicción entre afanes e improvisaciones. El pasado 31 de diciembre, por ejemplo, el presidente lanza un trino jubiloso dando a entender que había un cese al fuego convenido con el ELN por seis meses. Inmediatamente revira el ELN anotando que no había tal cosa y que se habían roto los parámetros de la bilateralidad a los que el grupo alzado en armas les da tanta importancia; arrojando así un baldado de agua fría sobre el proceso en su conjunto.
El Gobierno preocupado —con razón— pide reunión de emergencia que tendrá lugar en Caracas esta semana. Allí seguramente se retomarán las vías de la bilateralidad ignoradas en el jubiloso e infortunado trino presidencial. Pero la precipitud hizo perder tiempo precioso y confianza en estos diálogos.
En otra ocasión, el Gobierno empieza a soltar miembros de ‘La primera línea’ con investigaciones pendientes por los desmanes cometidos contra la propiedad privada y el mobiliario urbano durante las protestas ciudadanas que tuvieron lugar hace dos años. El propósito es nombrarlos como gestores de paz. Inmediatamente los jueces censuran esas decisiones administrativas y las echan para atrás.
Enseguida el Gobierno —en desarrollo del esquema de la “Paz Total”— empieza a recibir postulados de los grupos de alta criminalidad para que se les suspenda las órdenes de captura vigentes y se les otorgue la condición de voceros. Da traslado de estas solicitudes a la Fiscalía para que esta entidad proceda a suspenderlas. Nuevo baldado de agua fría: la Fiscalía aduce —con razón— que estos voceros no pueden quitarse el cabezal de las órdenes de captura ni pueden calificarse como insurrectos políticos sino como criminales y narcotraficantes que es lo que son. Lo que procede —dice la Fiscalía— es un proceso de sumisión y no de acogimiento a la justicia. Llama la atención que nada de esto se consultó por el Gobierno con el Consejo Superior de Política Criminal que es la más alta autoridad en estas materias.
¿Consecuencia? El proceso de la “Paz Total” anda encunetado en las incertidumbres jurídicas e improvisaciones con que se le diseñó y anunció. Se quiso echar a andar algo tan delicado y complejo sin haberlo rodeado de un mínimo de sindéresis y de preparación legal.
Quizás con la mejor buena fe pero con profunda precipitud, el gobierno Petro ha querido ver ceses al fuego bilateral donde no los había; autorizaciones para graduar como gestores de paz a quienes no lo eran; y facultades inexistentes para levantar órdenes de captura.
De las carreras y los afanes solo está quedando hasta el momento el desaliento de las improvisaciones. Ojalá las cosas mejoren.
