Por: JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ-Decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
El cumplimiento de sus respectivas promesas electorales del nuevo inquilino de la Casa de Nariño dependerá en gran medida de la política fiscal, pero por razones antagónicas o, en todo caso, muy diferentes.
En su programa, el candidato Hernández habla de mejorar la eficiencia del gasto público, de combatir la corrupción, fenómeno al que atribuye muchos de los grandes males del país. Sin nombrarla, la austeridad en el gasto se vislumbra como eje de su política económica.
El documento tampoco menciona la regla fiscal, pero sus planteamientos, con algunas incógnitas y vaguedades, lucen consistentes con su cumplimiento; en este sentido, se inclina por mantener el statu quo. Tiende, sin embargo, a conformarse con clichés en cuanto a la cuestión de cómo enfrentar la corrupción. El cómo lograr lo que se propone sería su talón de Aquiles.
Para el candidato Petro, el Estado no ha cumplido adecuadamente su papel económico, más por defecto que por exceso, especialmente en lo referente a la reducción de la desigualdad y la pobreza, y, en general, en lo referente a la equidad. De ahí que abogue por un aumento permanente del gasto público, materializado en programas como la pensión mínima universal, el empleador público de última instancia y las ayudas para las madres cabeza de familia de hogares vulnerables.
Habría que agregar otros planes cuyo efecto sobre el tamaño del gasto público todavía están en proceso de cálculo, como la reforma agraria. De manera consistente con su planteamiento sobre el papel del Estado, propone elevar el nivel de tributación ―también en forma permanente― en alrededor de 5% del PIB.
Dos grandes interrogantes se ciernen sobre este programa: ¿estaría el gobierno en capacidad de diseñar, conseguir la aprobación e implementar tal variedad de programas de gasto? Y ¿conseguiría los recaudos tributarios suficientes para sufragarlos, haciendo recaer la mayor carga impositiva sobre los más pudientes?
La propuesta tributaria de Hernández busca disminuir la tarifa general del IVA del 19 % al 10 %, al tiempo que eliminaría el llamado IVA descontable. En la práctica, esto implica la transformación del IVA en un impuesto sobre las ventas. A pesar del señuelo de la disminución de la tarifa nominal, el recaudo derivado del gravamen aumentaría 28 %, en uno de los escenarios delineados en el programa. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana estima que el aumento sería del 24 %. Un problema es que el impuesto a las ventas es altamente distorsionante. Mientras que el IVA grava el valor agregado, el impuesto a las ventas grava el valor bruto de los bienes y servicios, y opera en cascada (esto es, daría lugar a impuesto sobre impuesto). Además, el impuesto a las ventas acentuaría los sesgos regresivos del sistema tributario, afectando desproporcionadamente a los más pobres.
“Cabe preguntarse si la nueva regla fiscal erró al exigir austeridad en el periodo de transición 2022-2025”
En su propuesta, Petro propugna por el fortalecimiento de la tributación progresiva. Puesta en perspectiva histórica, tal orientación va en la dirección correcta. En Colombia el recaudo tributario del nivel nacional de gobierno por largo tiempo ha provenido sobre todo de fuentes proclives a la regresividad, como el IVA, o toscas para el logro de objetivos de equidad, como el impuesto a la renta de las sociedades.
El impuesto sobre la renta personal y el impuesto al patrimonio han ocupado un lugar muy secundario, pese a sus características distributivas favorables. Sin embargo, dada la arraigada y fuerte resistencia a la tributación progresiva en el país, este camino es —políticamente hablando— escabroso y cuesta arriba. Con todo y que el recaudo tributario de Colombia es muy bajo (13.8 % del PIB en 2021), estaríamos ante el mayor aumento registrado en la carga tributaria, al menos desde 1925. Es probable que se vea abocado, en consecuencia, a priorizar promesas de gasto, descartar algunas o ‘peluquear’ la reforma tributaria.
El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022, que el gobierno del presidente Duque acaba de presentar, reconoce que, tras la pandemia, la recuperación del nivel de empleo “ha estado rezagada en comparación a la registrada en el PIB”. En 2021, la tasa de desempleo se situó en 13.8 % y, según las proyecciones oficiales, se espera que descienda a 11.8 %. Aun si se alcanza esta meta, los hacedores de política económica han tendido a mostrar una actitud tolerante a los altos niveles de desempleo.
El programa de Hernández hace hincapié en el fomento al emprendimiento y la austeridad en el gasto público. Pero ¿serían esas políticas eficaces y suficientes para encarar el desempleo masivo? Entre otras cosas porque no se considera allí el papel de la política fiscal anticíclica, la respuesta es negativa.
Por su parte, Petro probablemente tendría que enfrentar la oposición de la regla fiscal vigente. Esta regla exige una reducción sustancial del llamado balance primario neto estructural del Gobierno Nacional Central entre 2022 y 2025, el cual pasaría de un déficit máximo de 4.7 % del PIB a un superávit mínimo de 0.5 %. El ajuste de las finanzas públicas sería especialmente severo en 2023, pues en ese año se prevé una reducción mínima de dicho déficit equivalente a 3.3 % del PIB. Cabe preguntarse si la nueva regla fiscal erró al exigir austeridad en el periodo de transición 2022-2025 sin tener en cuenta, mayormente, lo que suceda con los niveles de empleo y de actividad económica, muy lesionados a raíz de la pandemia.
