Por: Pablo Mendoza
Asesor tributario
Ex-subdirector Normativa y Doctrina – DIAN
Antes que comenzara la campaña presidencial, que culminó con la victoria de Gustavo Petro, era claro que Colombia requería una reforma que modificara su marco tributario. Si bien el recaudo a cargo de la DIAN ha aumentado significativamente, los desajustes fiscales y sociales del país, agravados por el COVID-19, exigen la búsqueda y obtención de mayores recursos.
Incluso en este último escenario, surgen dudas respecto al objetivo planteado si se tiene en cuenta que la reforma tributaria se enfocaría principalmente en el impuesto sobre la renta, incluyendo el impuesto a los dividendos, y en la eliminación de beneficios (deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales)
Adicionalmente, Colombia no solo requiere una reforma fiscal para incrementar sus ingresos, sino también para corregir su sistema tributario, el cual es complejo para los contribuyentes y la administración. O como sentenció la Comisión de Expertos en Beneficios Tributario: el sistema tributario colombiano es disfuncional y, décadas de mal uso de este, han ocasionado que no se cumpla con los estándares de eficiencia, equidad y simplicidad.
Por estas razones, se debe comprender el trámite de una nueva reforma tributaria, no sin antes reflexionar sobre las propuestas que ha realizado el gobierno electo en esta materia.
Desde una perspectiva general, el equipo económico designado ha señalado que la reforma tributaria recaudaría 50 billones de pesos, precisando recientemente que esta suma sería recaudada durante el cuatrienio (12.5 billones anuales). Incluso en este último escenario, surgen dudas respecto al objetivo planteado si se tiene en cuenta que la reforma tributaria se enfocaría principalmente en el impuesto sobre la renta, incluyendo el impuesto a los dividendos, y en la eliminación de beneficios (deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales).
Las sumas no cuadran si se tiene en cuenta que, tal y como lo señala el Marco Fiscal de Mediano Plazo – 2022, del total de gastos tributarios cuya suma ascendió a 92.2 billones en 2021, 23.1 billones correspondieron al impuesto sobre la renta. En consecuencia, sería muy difícil lograr un mayor recaudo de 12.5 billones a partir del 2023 si se tiene en cuenta que no sería posible eliminar la totalidad de los tratamientos preferenciales en renta, que habría algunos que se justifican y que la ley que se promulgue tendría que respetar las situaciones jurídicas consolidadas.
El IVA será uno de los temas de la nueva reforma tributaria
Lo anterior significa que las mayores fuentes de recursos tendrían que derivarse de la creación de nuevos tributos y la reformación de los actuales, incluyendo el IVA. Respecto a este último, no ha habido muchas propuestas, pero se debe destacar que el costo fiscal de los tratamientos diferenciales en IVA para 2021 ascendió a 68.3 billones, por lo que el gobierno electo debería dar la discusión al respecto.
Por su parte, el impuesto a la riqueza durante el gobierno Santos recaudó más de cinco billones anuales durante los primeros dos años, y casi cuatro billones durante el tercer año, debido a que se sometía a las compañías a este impuesto e incluía el impuesto complementario de normalización tributaria
No hay duda que el sistema tributario colombiano debe ser más progresivo, pero las medidas que se incorporen deben considerar otros factores tales como la competitividad del país, la formalización y generación de empleo. Recordemos que la tarifa de renta corporativa en Colombia (35%) supera significativamente el promedio mundial y, si se tiene en cuenta la tasa agregada de tributación (impuesto sobre la renta corporativo más impuesto a los dividendos), las utilidades originadas en una actividad empresarial se encuentran sometidas a una tarifa del 41.5% en la actualidad, la cual es excesiva aun sin considerar los otros tributos que se deben asumir. Así las cosas, si se aprueba una disminución de la tarifa nominal para compañías, la cual según la información suministrada sería reducida gradualmente hasta llegar a 30%, pero se aumenta el impuesto a los dividendos, no se lograría el propósito de promover el sector productivo del país, dado que se mantendrían cargas similares a las actuales, ni se incentivaría la atracción de inversionistas.
Por otra parte, es casi un hecho que durante los próximos años existirá un impuesto por la posesión de patrimonio. Este impuesto puede ser una carga muy onerosa para sus contribuyentes, pero no es claro si sería una fuente de recaudo significativa. Si bien el impuesto al patrimonio durante el gobierno Duque solamente aplicaba para patrimonios netos de 5.000 millones o más, este logró recaudar únicamente alrededor de un billón anual.
Por su parte, el impuesto a la riqueza durante el gobierno Santos recaudó más de cinco billones anuales durante los primeros dos años, y casi cuatro billones durante el tercer año, debido a que se sometía a las compañías a este impuesto e incluía el impuesto complementario de normalización tributaria. Será importante contrastar las cifras de recaudo que tenga el gobierno electo sobre este impuesto y ojalá se excluya a las compañías del mismo.
Finalmente, se debe resaltar que aún no se conocen propuestas sobre la tributación en la economía digital. El gobierno electo debería profundizar en este punto dado que el marco tributario en Colombia no se encuentra actualizado en ese sentido y podría representar una fuente de recursos equitativa y significativa.
