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Congreso de Colombia

Las sombras de corrupción sobre el Congreso

Ministros, asesores, lobistas y por supuestos congresistas son mencionados en una historia que arrancó con reformas sociales cruciales para el gobierno Petro y la compra de unos carrotanques para llevar agua al desierto de La Guajira. Todo podría destapar terminar en uno de los peores casos de corrupción de la historia de Colombia.

Revista Alternativa, Congreso
InHouse/Alternativa

Por: Jorge Lesmes

En medio de otro de los escándalos de corrupciónque golpea al gobierno de Gustavo Petro, se inicia el tercer año legislativo y las puertas del Congreso se abren este 20 de julio con un tufillo de muy mal aliento por el número de congresistas salpicados en recibir a manos llenas miles de millones y feria de contratos para los sectores más vulnerables del país a cambio de votos.

Las irregularidades que se han destapado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), son de proporciones inalcanzables. Una máquina de corrupción aceitada con miles de millones de pesos del presupuesto de esta entidad que tiene la responsabilidad de atender los desastres naturales ocasionados con fenómenos como El Niño que originó una enorme sequía en el país, extensas zonas cultivables arrasadas por el fuego, cientos de miles de ciudadanos sin una gota de agua, mientras sus directivos hacían ferias y fiestas con esos dineros.

Ahora, el gobierno de Gustavo Petro ha anunciado la llegada de La Niña, que producirá inundaciones, deslizamientos de tierra, desplazamientos de familias en la más completa miseria y la olla de la corrupción totalmente raspada.

Mientras tanto, se van conociendo más detalles de lo ocurrido con los dineros de la UNGRD. Su exdirector Olmedo López, el mismo que pregonó a los cuatro vientos la entrada en marcha de 40 carrotanques –a precio de oro y con la imagen del presidente en marca de agua–, en la Guajira para calmar la sed que mata a las comunidades indígenas más pobres de ese departamento, soltó la lengua en una diligencia ante la Corte Suprema de Justicia y que el pasado martes en primicia reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

En este enorme caso de corrupción, todo se ha ido conociendo a cuenta gotas y cada narrativa de la historia es más grave que la anterior. Este último episodio –vendrán muchos más– ha tenido como protagonista uno de los programas programa bandera del gobierno del Cambio: la “paz total”. Olmedo López sostuvo ante los investigadores de la Corte Suprema que desde el alto Gobierno le dieron la orden de direccionar contratos de la UNGRD para financiar a la guerrilla del ELN con el fin de que este grupo al margen de la ley no se levantara de la mesa de negociaciones. La revelación de López traía otra perla: ese dinero público, haría que los Elenos frenarán la práctica del secuestro extorsivo.

La siguiente revelación de López ante la CSJ deja al descubierto un complejo entramadopara aceitar la maquinaria de corrupción conformada por congresistas con el fin de que comprometieran su voto en las plenarias del Congreso para aprobar las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Y aquí entra en escena el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y su equipo de colaboradores. En una serie de mensajes de chat se evidencia cómo se fueron direccionando seis contratos que superan los 90 mil millones de pesos para desarrollar supuestas obras en tres municipios del país: Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca). Municipios que siempre han sufrido los desastres de los inviernos. Como la solicitud tenía mensaje de urgencia, se tramitaron los contratos sin ningún palo en la rueda. El único, los afanes del propio ministro Bonilla y su asesora Alejandra Benavides para que las directivas del UNGRD fueran lo más diligentes posibles. Así quedó evidenciado en los chats que se hicieron públicos esta semana

Olmedo López fue directo en su testimonio ante la CSJy señaló que esos contratos direccionados por el ministro Bonilla eran para pagar favores a cambio de aprobar las reformas del Gobierno en el Congreso. Ocho congresistas deberán responder ante las autoridades los señalamientos escalonados que han venido haciendo López y Esneyder Pinilla, director y subdirector de la UNGRD cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Pero en esta narrativa de corrupción que empezó hace ya seis meses, también están señalados los hoy expresidentes del Senado, Iván Name y Andrés Calle, señalados por López y Pinilla de recibir cuatro mil millones de pesos a cambio de impulsar las reformas sociales en los trámites del Congreso. A Name se le acusa de haber recibido tres mil millones y a Calle mil millones. La investigación ya está en manos de la CSJ.

La dimensión real de lo ocurrido todavía no se conoce en su totalidad. Nombres como el del exministro Luis Fernando Velasco, clave en todo el proceso de aprobación de los proyectos de ley del Gobierno en el Congreso, así como participación del ministro de Salud y otros funcionarios de la Casa de Nariño, faltan por conocer los detalles,

Por lo pronto se calcula que el 70% del presupuesto de dos billones de pesos de la UNGRD fueron a parar en manos de congresistas a través de contratos. El próximo 25 de julio la Fiscalía tendrá la palabra para que los colombianos conozcan la dimensión de semejante escándalo.

Mientras tanto, el Congreso abre sus puertas este 20 de julio con nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador y viejo zorro en el manejo parlamentario. Katherine Miranda, de los verdes, llega por primera vez a la presidencia de la Cámara después de un enorme pulso con un colega de su bancada y candidato directo del Gobierno.

El tercer año de la legislatura de este Gobierno y del Congreso estará marcado por una enorme sombra relacionada con la corrupción. Reformas como la pensional tiene hoy 16 demandas y algunas de ellas relacionadas sobre posibles sobornos a congresistas para su aprobación.

Habrá dos temas nuevos que harán trámite en las diferentes comisiones: ordenamiento territorial, descentralización y reforma rural. Por supuesto, volverán a ser presentadas las reformas sociales como son la de salud y la ley estatutaria de educación, esta última fue hundida a último minuto por la propia bancada de gobierno, por la presión ejercida por Fecode.

Al Congreso llegará otro tema que generará una enorme polémica y está relacionado con el Acuerdo de Paz de la Habana y su eventual incumplimiento en su complementación. En Naciones Unidas el presidente Petro habló que para poder cumplir con ese proceso se necesita hacerlo a través del Fast Track, es decir, acelerar el trámite de las leyes con ocho temas que el Gobierno considera fundamentales para cumplir con el Proceso de Paz de la Habana. No será nada fácil este trámite ante el Congreso y mucho menos cuando el sol comienza a caer sobre la espalda del gobierno del Cambio.

Otro tema político que tendrá como escenario el Congreso tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, un tema que sigue sobre la mesa de la Casa de Nariño, pero que todavía no tiene la claridad suficiente sobre cómo se va a impulsar y qué se busca con este mecanismo de reformar la Constituyente.

¿Tendrá gasolina el gobierno del presidente Petro para sacar una ambiciosa agenda legislativa en semejante mar de corrupción? El tiempo lo dirá en la medida que López y Pinilla no solo prendan el ventilador sino que aporten pruebas.

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