No son pocas las cosas que el país podría hacer con 610 mil millones de pesos. Para poner la cifra en perspectiva, equivale a más de cinco veces el premio más grande en la historia del Baloto. Con ese dinero, se podrían entregar seis mil apartamentos de vivienda de interés social (VIS) o financiar la carrera de doce mil jóvenes. Sin embargo, tal cantidad se “invirtió” en la fracasada modernización del aeropuerto de Barranquilla, una obra que lleva ocho años en ejecución sin resultados tangibles relevantes.
Pero antes de entrar en materia, es necesario contextualizar varios puntos. Primero, por su rapidez, baja siniestralidad, comodidad y un sinfín de ventajas, el transporte aéreo es desde hace unos años el rey en cuanto al traslado de personas y mercancías se refiere. Su accesibilidad, ampliada por la tan criticada globalización, ha permitido que sus precios —antes prohibitivos— lleguen a ser más baratos que el transporte terrestre en ciertas épocas del año. Tanto es así que la Aerocivil reportó que este sector movilizó a 22 millones de personas en 2022, una cifra récord y un nuevo techo.
A pesar de la pandemia, la subsiguiente crisis económica y las pésimas decisiones gubernamentales tomadas recientemente en el país, Colombia se proyecta como un destino turístico por excelencia.
Según la OCDE, hubo un aumento del 34 % en 2023 de turistas extranjeros respecto a 2019.
Además, el turismo local también utiliza intensamente el servicio aéreo. Por lo tanto, fracasar en la prestación de un servicio aéreo excelente significa, literalmente, estrangular la simbiosis con el sector turístico y perderse gran parte de un pastel que genera billones de pesos al año.
Ahora sí, retomando el drama del aeropuerto Ernesto Cortissoz, este comienza en el lejano 30 de diciembre de 2014, cuando Juan Manuel Santos firma la licitación hecha por la ANI, de la cual fue ganadora la reconocida empresa Valorcom, del famoso Julio Gerlein y otros socios. Todo marchaba con normalidad hasta que estalló el caso Odebrecht, lo que llevó al gobierno a caducar anticipadamente el proyecto. Como fichas de dominó, la cadena de pagos que orbitaba la remodelación se fragmentó, y Valorcom se vio obligada a entrar en reorganización ante la SIC.
Al inicio de la administración Duque, la también famosa Karen Abudinen, en su rol de consejera presidencial, lideró las mesas de trabajo y gestionó lo que pudo hasta el trágico 19 de marzo de 2020. La pandemia agravó la situación de varios contratistas que se declararon en quiebra y generó una demanda de 720 mil millones de pesos contra la ANI por las afectaciones causadas por el covid.
En enero de 2022, la ANI multó al contratista, que ya estaba en serios problemas debido a la fuga de la exsenadora Aida Merlano.
Al final, Barranquilla sigue en un limbo con respecto a su terminal aérea, que se ha quedado corta para el crecimiento de la ciudad y que promete ser una draga de recursos públicos. El pasado 8 de mayo, se anunció la friolera de 2.5 billones de pesos para la inversión en una nueva modernización del aeropuerto.
Pero esta no es la única novela en la costa. Aunque Barranquilla es hoy en día una ciudad un poco más turística que en su pasado inmediato, no goza del prestigio ni la tradición de la Perla del Caribe. Santa Marta, que recibió cerca de 3 millones de turistas durante 2021, según cifras de la propia Alcaldía, ocupó el top 5 de las ciudades más visitadas del país en 2022, según la plataforma Booking. En 2023, arrasó en número de visitantes per cápita frente a otros destinos como San Andrés. Sin embargo, posee uno de los aeropuertos más pequeños e incómodos del país.
Como bien lo retrató el actual secretario de gobierno de la ciudad, Camilo George, en su cuenta de X el año pasado: “No me lo contaron, aquí lo estoy viviendo. Altísima temperatura, filtro de seguridad cerrado, se necesitan ventiladores para empleados y pasajeros”. Según la administración del aeropuerto, las altas temperaturas se deben al alto nivel de hacinamiento que posee la terminal, y que la solución no reposa en más aires acondicionados, sino en una ampliación de la planta física que parece no llegar.
Sobre este punto, apenas este año se anunció la posibilidad de trasladar el aeropuerto, pero esto debe realizarse a mediano y largo plazo, es decir, en aproximadamente 10 años. Por último, aterrizamos en Cartagena, que comparte el mismo problema de espacio que Santa Marta, además de tener un serio problema de luces en el sector de pistas, lo que ha generado cierres totales de las instalaciones en 2023 y varias cancelaciones que van de 2022 a 2024, con especial mención a su deficiente manejo de la migración internacional, lo que también ha generado fuertes quejas.
A todas estas el gobierno Petro, que se ufanó de ser el gestor de una revolución turística, poco o nada está haciendo para avanzar pues ha cambiado la promesa del tren de Barranquilla a Buenaventura por otro imaginario transoceánico que atravesaría la región del Darién, y el segundo aeropuerto internacional de La Guajira ahora será una simple pista de carácter militar. Dado este panorama, no es posible cuantitativamente medir el rezago que la región sufrirá por no participar activamente de este nuevo boom turístico, pero es sencillo concluir que será cuantioso y que, lastimosamente, no se tendrá una solución factible en el corto plazo.
