Cinco años le tomó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En decisión tomada el pasado 17 de noviembre, esta instancia de justicia transicional consideró que uno de los mayores criminales del país por más de una década había actuado de manera articulada con agentes del Estado, abriendo así una ventana especial a través de la cual ingresaría a un espacio al que también concurren guerrilleros de las antiguas Farc, militares y terceros civiles que hicieron parte de la guerra.
Su camino lo comenzó en abril de 2018, cuando presentó su solicitud ante esta instancia de justicia transicional, creada tras el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, presentándose como “tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997”, periodo que antecedió su vinculación a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Tras estudiar la petición por más de dos años, finalmente la JEP la rechazó con el argumento de que Mancuso cumplió con el rol de “miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate”. De acuerdo con este organismo judicial, las conductas criminales de este exjefe paramilitar no correspondían “a las de un tercero civil financiador o colaborador de un grupo armado ilegal sino, por el contrario, evidencian su participación directa en las hostilidades al ejercer una función continua de combate”.
Y, además, tenía su propio escenario de juzgamiento: los tribunales de Justicia y Paz, creados con la Ley 975 de 2005 para procesar a los exjefes paramilitares que dejaron sus armas y se desmovilizaron bajo los acuerdos firmados a mediados de 2003 con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
La apelación
La decisión fue apelada por Mancuso con el argumento de que en su trasegar en armas se convirtió en “agente del Estado de facto”, es decir, en alguien que estuvo vinculado a la Fuerza Pública de “manera funcional y materialmente”, sin que ostentara rango alguno o tuviera una relación contractual.
El debate judicial se desató en julio de 2022, cuando la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP ratificó el rechazo de la solicitud de sometimiento de Mancuso como tercero civil financiador de grupos paramilitares por falta de competencia; no obstante, le abrió una ventana: lo conminó a demostrar de manera fehaciente en una audiencia única de verdad plena “su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad comunes; y su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de dichos patrones”.
Esa audiencia se realizó durante cinco días, cuatro de ellos en mayo y uno más a comienzo de noviembre, con la comparecencia de Mancuso desde su sitió de reclusión en Atlanta, Estados Unidos. En esas jornadas, entregó variada información sobre su participación en la guerra como “agente de Estado de facto”, en el intento de convencer a la JEP. En sus intervenciones, algunas de ellas bajo reserva, vinculó a por lo menos 300 personas, entre miembros de la Fuerza Pública, políticos y empresarios.
Sus palabras, al parecer respaldadas con pruebas documentales, removieron de nuevo los cimientos del pasado y revivieron pasajes de la guerra que, valga aclarar, aún no han sido aclarados en estrados judiciales ni sus autores intelectuales castigados penalmente, pero que le garantizaron a Mancuso que la JEP le abriera una segunda ventana para aceptarlo “excepcionalmente” como compareciente.
En decisión tomada el pasado 16 de noviembre y tras corroborar las afirmaciones del exjefe paramilitar, este organismo judicial aceptó el sometimiento de Mancuso tras argumentar que “demostró […] que se incorporó funcional y materialmente, entre los años de 1989 y 2004, a la Fuerza Pública, en el marco del conflicto armado interno, a partir de su involucramiento como bisagra o punto de conexión entre el aparato militar y el paramilitar en los patrones de macrocriminalidad comunes y su calidad de posible máximo responsable de la formulación y ejecución de dichos patrones”.
En el ojo del huracán
El sometimiento fue cuestionado por diversos sectores políticos, especialmente desde el que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras considerar que la JEP se extralimitó en sus funciones, dado que Mancuso está siendo procesado en los tribunales de Justicia y Paz, lo que abre una gran duda sobre cuál de las dos jurisdicciones transicionales debe prevalecer a la hora de definir, por ejemplo, si una vez en Colombia este exparamilitar debe quedar libre o ir a una cárcel.
A quienes les calza perfectamente este sometimiento es al Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, quien, junto a su canciller, Álvaro Leyva, han reiterado la necesidad de conocer “toda la verdad” y dejado claro que eso sólo se podría si los exjefes paramilitares concurren a la JEP. Al respecto, surge una pregunta: ¿desde el alto gobierno presionan a la JEP para convertir a este organismo transicional en un tribunal de la inquisición y atacar desde allí a sus “enemigos acérrimos”?
El reto de este organismo transicional es superar esa presión y demostrar que Mancuso, así como posiblemente otros exparamilitares que sean acogidos en esta jurisdicción, dicen la verdad, comprometiendo, sin duda alguna, a agentes del Estado en las agresiones a la población civil. De no lograrse, posiblemente esta decisión se convierta en uno de los pecados más graves cometidos por la JEP. El reto de desvirtuarlo es grande.
“El sometimiento fue cuestionado por diversos sectores políticos, especialmente desde el que representa el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras considerar que la JEP se extralimitó en sus funciones, dado que Mancuso está siendo procesado en los tribunales de Justicia y Paz”
“En decisión tomada el pasado 16 de noviembre y tras corroborar las afirmaciones del exjefe paramilitar, este organismo judicial aceptó el sometimiento de Mancuso tras argumentar que demostró […] que se incorporó funcional y materialmente, entre los años de 1989 y 2004, a la Fuerza Pública, en el marco del conflicto armado interno”.
Según Verdad Abierta, el exjefe paramilitar tiene "vigentes varias órdenes de captura y circulares por parte de la jurisdicción de justicia transicional, conocida como Justica y Paz, que se creó con la desmovilización paramilitar. Sus abogados tendrán que realizar gestiones ante los tribunales pertinentes para lograr su libertad porque hasta el momento no ha sido tramitada en el sistema de justicia la resolución presidencial que el 14 de agosto de 2023 lo designó como gestor de paz, la cual suspende las medidas de aseguramiento y penas de prisión que tenga vigentes".
Verdad Abierta además señala: "No obstante, esa resolución determina que Mancuso deberá comparecer ante las instancias judiciales que lo requieran, particularmente ante los tribunales que tengan Salas de Justicia y Paz. Además, su tercer artículo señala que “firmará un acta ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la cual se comprometerá a asistir personalmente a las diligencias judiciales en Colombia y a rendir informe sobre las actividades desarrolladas en calidad de gestor de paz”. Por lo anterior, se prevé que no recobrará la libertad inmediatamente".
Mancuso tiene 14 procesos de solicitud de imputación e imposición de la medida de aseguramiento de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, que conocen por descongestión los despachos de Garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá que comprenden 25.565 hechos criminales.
