Por: Jorge Lesmes M.
¿Quién perdió el pulso entre el Gobierno y los transportadores que bloquearon las principales carreteras y vías de acceso a las ciudades capitales y de paso paralizaron la economía durante cuatro días? Sin duda alguna, el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En el país los bloqueos se han convertido en la herramienta más poderosa para echar por tierra cualquier iniciativa que pretenda poner en cintura a los diferentes actores que conforman el gran parque automotor. Es un sector intocable. Bloquean las calles los taxistas. Bloquean con barricadas las vías en los pueblos los mototaxistas. Bloquean las principales avenidas los moteros. Bloquean las carreteras los transportadores de carga. La causa: evitar cualquier tipo de regulación que emprenda mandatario local o nacional.
Entre enero de 2023 y julio de 2024 se presentaron 415 bloqueos en las principales vías del país. En ese tiempo representan 125 días de total parálisis económica. Miles de millones de pesos en pérdidas para los sectores productivos y que, además, tiene un efecto dominó sobre la inflación. El solo sector de transporte de carga perdió en ese periodo más de 8.900 billones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales de Colfecar.
El bloqueo de carreteras y vías públicas de las principales ciudades se ha convertido en un enorme dolor de cabeza para las administraciones locales como para el Gobierno Nacional. Igual para los ciudadanos que tienen que caminar largas horas para ir a sus trabajos o de regreso a casa. Para los estudiantes, que ven cómo sus clases se suspenden porque no hay transporte público que les permita llegar a los planteles educativos.
Así quedó demostrado en el reciente paro nacional impulsado por los transportadores que paralizaron al país productivo durante cuatro días por cuenta de la no aceptación del aumento del galón de diésel, combustible con el que se moviliza buena parte del parque automotor de carga en el país y que viene congelado desde épocas de pandemia y subsidiado por el Estado.
A los transportadores no les gustó la medida establecida por el gobierno del presidente Petro y para echar la decisión para atrás decidieron que la forma más efectiva era bloquear las principales vías del país. Así lo hicieron. Sin importar el impacto económico para el país. Y en buena parte lograron su objetivo.
Después de una eterna jornada de negociación, en la madrugada del pasado 6 de septiembre los transportadores le ganaron la partida al gobierno. Los transportadores de carga lograron que el aumento para el resto del año sea solo de 800 pesos, divididos en dos cuotas de 400 pesos cada una a partir de la modificación del decreto que había aumentado desde el pasado 31 de agosto la tarifa por galón a $1.904. En Colombia el precio del ACPM ha sido subsidiado en más del 50% por el Gobierno, con recursos del Estado. Con los impuestos que paga cada colombiano.
Los otros 400 pesos del aumento, acordado en la madrugada del pasado viernes, sólo se comenzará a cobrar a partir del 1 de diciembre. Es decir, que ni siquiera se va a pagar la mitad del valor del galón que había establecido el gobierno para lograr cumplir con los compromisos internacionales que rigen el precio de los combustibles.
Para solo tener una idea de lo que ocurre con el precio del diésel, solo basta con observar los precios en países cercanos. México y Argentina, que son los principales productores de diésel en la región, reportan precios de $19.977 por galón.
En Colombia no se había aumentado el precio del diésel desde hace 56 meses. (enero 2020). Su incremento se hace necesario para evitar distorsiones en el mercado internacional. En 2023 la Nación pagó 20 billones de pesos al Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC). El repunte de los precios del crudo a nivel internacional ha ocasionado un enorme déficit en el FEPC que crea presiones en el manejo fiscal.
Con el bloqueo y parálisis económica lograda por los camioneros, no se logró implementar el ajuste que había determinado el gobierno en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que era de $1.904 por galón. Solo será de 800 pesos. Dividido en dos cuotas. Una que entró a regir ayer sábado y otra en diciembre. Menos de la mitad del aumento que pretendía el Gobierno Nacional.
El ministro Bonilla insiste en que se deben buscar mecanismos que permitan estabilizar el precio del ACPM. No va a ser fácil. La propuesta es similar al aumento que se hizo con la gasolina: progresivo. Pero una cosa es aumentar el precio de un combustible como la gasolina que cubre buena parte del parque automotor particular y otra muy diferente cuando se toca el bolsillo de los empresarios del sector de transporte.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), ha señalado que el aumento del ACPM es inevitable. La razón que esgrime es que tres cuartas partes del déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles están causados por este combustible. “El aumento contribuye a disminuir el déficit fiscal lo que favorece la estabilidad financiera en un escenario de gran tensión sobre las finanzas públicas”.
Con el ajuste inicial del diésel que estableció el gobierno a finales de agosto ($1.904) y que fue el florero de Llorente para los cuatro días de parálisis económica del país, se pretendía recaudar. 1,6 billones de pesos que permitieran afrontar el déficit del FEPC. Con el ajuste en la negociación con los transportadores de carga el recaudo será tan solo de 600 mil millones de pesos.
Los otros actores
El acuerdo del pasado 6 de septiembre para que los transportadores levantaran los bloqueos, es un campo minado que en cualquier momento puede estallar. Son 14 puntos de compromisos que contempla el documento firmado entre gobierno y transportadores. Que incluyen reformas estructurales que requiere el sector para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Crear mesas técnicas para mejorar temas normativos. Incluir en la reforma laboral un capítulo especial para el sector transportador. No se podrá realizar ningún otro aumento del precio del diésel hasta tanto no se desarrolle los 14 puntos del acuerdo.
¿Qué pasará si el gobierno incumple? La respuesta es más que obvia: una nueva parálisis. Nuevos bloqueos. Un panorama muy incierto y un tire y afloje con un sector que desde hace tiempo le tiene muy bien medido el aceite a los gobernantes locales y nacionales. No hay que olvidar los 41 días de los bloqueos en 2021 en tiempos del estallido social.
Pero no solo son los camioneros que han paralizado la actividad económica en el país por cuenta de los bloqueos en las principales carreteras. El otro sector que ha tenido contra las cuerdas a los alcaldes locales han sido los taxistas.
El más reciente fue a finales de julio pasado. Lo hicieron a nivel nacional para protestar contra las aplicaciones de transporte como Uber, Cabify, InDrive, Didi, entre otras. En Bogotá, han tratado por todos los medios de bloquear el acceso al aeropuerto El Dorado.
El gremio de los taxis no solo bloquea vías, sino que se ha tomado la ley por sus propias manos y los ataques contra los conductores particulares que prestan servicios de transporte de pasajeros por medio de esas aplicaciones ha sido intimidante. Han incendiado sus carros. Han golpeado a sus dueños. Han bajado a los pasajeros de esos vehículos.
Cada vez que la autoridad los requiere para el cumplimiento de las mínimas normas de seguridad, de revisión de vehículos, taxímetros, retenes para controlar los mal llamados “fleteos” que no son otra cosa distinta que un secuestro extorsivo, la respuesta es bloquear las calles. Emprender planes “tortuga” para infartar el caótico tráfico de las ciudades o programar en la madrugada bloqueos en las principales avenidas.
¿Y qué decir de los moteros? Otro sector del transporte que circula por las vías sin ley ni orden. En 2023, de acuerdo con los informes de Medicina Legal, murieron 5.213 personas en accidentes ocasionados por motocicletas. Seis de cada diez ciudadanos que mueren en el país por accidentes de tránsito, están relacionadas con siniestros en este medio de transporte.
Durante la administración de Claudia López frente a la alcaldía de Bogotá, se estudió la posibilidad de imponer pico y placa a los motociclistas de la ciudad. Más se demoró en expandirse el rumor que los “moteros” anunciaran una toma de la ciudad para bloquearla y echar para atrás cualquier iniciativa en este sentido. El gobierno distrital, en total sigilo engavetó el proyecto. La alcaldesa se asustó y salió a declarar que su administración no había contemplado tal medida. Una que hace falta de control en el caótico tráfico de la capital.
En Bogotá opera un grupo de moteros que se hacen llamar “los picaminosos” que desafían a las autoridades de tránsito por el solo hecho de realizar controles de seguridad, de documentos, de revisión técnico mecánica e inmovilización de las motos. Es decir, por tratar de hacer cumplir las normas.
Cada sector de la movilidad en el país, se ha convertido en un reducto intocable. Las autoridades locales han perdido la batalla para controlar el servicio público en mototaxis, por el peligro que representa. Ha sido imposible. Cada gremio del transporte tiene sus padrinos políticos. En el Congreso, en Asambleas, en Concejos Municipales. Y cada sector defiende su territorio de cualquier posibilidad de control, aumento de precios de combustibles o peajes. Lo hacen a través de los bloqueos. Sin importar que estén penalizados por la ley. Que sean motivo de cárcel entre 24 y 48 meses. Que las multas vayan entre 13 y 75 salarios mínimos. En el reciente paro de camioneros, al que se le unió toda la demás cadena del transporte en el país, como los bloqueos de 2021, estas normas contempladas en el código penal, son apenas un saludo a la bandera.
