La UNGRD se encuentra en el centro de una investigación por múltiples contratos presuntamente irregulares adjudicados durante 2023 y 2024. Los protagonistas son Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad. La suma del dinero que se robaron asciende con el transcurrir de los días. El caso más notorio involucra un contrato de 46 mil millones de pesos para la adquisición de 40 carrotanques destinados a La Guajira, con presuntos sobrecostos superiores a 20 mil millones de pesos. Adicionalmente, se ha denunciado un contrato de 35 mil millones de pesos para el alquiler de carrotanques en Uribia, cuestionado por la representante Cathy Juvinao debido a los costos y la selección del contratista.
Otro contrato bajo escrutinio es el de 75 mil millones de pesos destinado a la construcción de mil jagüeyes, proyecto que aparentemente no se materializó. Se suma a la lista un contrato de 20 mil millones de pesos para ollas comunitarias en La Guajira, con irregularidades reportadas tanto en su adjudicación como en los desembolsos realizados.
Las plantas desalinizadoras representan otro punto de controversia, con un contrato por 42 mil millones de pesos actualmente suspendido debido a irregularidades en el proceso de contratación. Este proyecto ha sido vinculado a Bonifacio Henríquez, exalcalde de Uribia, y al actual mandatario Jaime Buitrago, del Partido Conservador.
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La investigación también abarca los Fondos de Interés Colectivo (FIC), mecanismo que permite la transferencia de recursos sin controles estrictos. Se estima que Pinilla y López transfirieron más de 400 mil millones de pesos a través de este sistema, beneficiando principalmente a los departamentos de Santander, La Guajira y Córdoba.
Además, la Fiscalía General de la Nación ha emitido un comunicado detallando que, tras una valoración de los elementos materiales de prueba y la información recopilada por el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se obtuvieron resultados parciales que sugieren un entramado de corrupción más amplio de lo inicialmente previsto. La investigación, que comenzó con irregularidades en la contratación para el suministro de agua en La Guajira, reveló posibles actos de corrupción en obras de mitigación en otros departamentos como Córdoba, Valle del Cauca, Sucre, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca.
También la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió una solicitud de la Fiscalía General de la Nación para investigar a nueve congresistas por su presunta vinculación con una estructura ilícita en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Iván Name y Andrés Calle, Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.
