El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, miembro de la Corte Constitucional de Colombia, ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes una serie de eventos que sugieren posibles interceptaciones ilegales a sus comunicaciones. Este hecho, revelado por el propio magistrado, ha desencadenado una secuencia de acciones institucionales destinadas a esclarecer la situación. El proceso se inició el 14 de junio, cuando Ibáñez presentó una comunicación formal al presidente de la Corte Constitucional, detallando los hechos que consideró anómalos en relación con sus comunicaciones personales.
La respuesta institucional a la notificación del magistrado Ibáñez fue inmediata. El presidente de la Corte Constitucional tomó la decisión de informar sobre estos acontecimientos tanto a la fiscal general Luz Adriana Camargo como a la Sala Plena del alto tribunal. Esta acción amplió el alcance del conocimiento sobre los hechos reportados, involucrando a las máximas instancias judiciales del país. La fiscal Camargo, al ser informada de la situación, indicó que procedería a realizar una evaluación para determinar si existían fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal. Según lo expresado por el magistrado Ibáñez, dicha investigación ya se encuentra en curso.
Es importante destacar que el magistrado Ibáñez ha subrayado que su acción no constituye una denuncia formal. En lugar de ello, se limitó a presentar los hechos que consideró irregulares ante las autoridades competentes dentro de la estructura judicial. Ibáñez explicó que la información ha sido trasladada a los funcionarios de la Fiscalía, quienes ahora conducen una investigación de carácter reservado.
En cuanto a las posibles reacciones del gobierno frente a la situación de las presuntas interceptaciones, el magistrado Ibáñez manifestó no haber observado pronunciamientos oficiales que cuestionen o refuten los hechos irregulares reportados. Sin embargo, añadió que, en caso de existir tales declaraciones, él mantendría una postura de respeto hacia las opiniones expresadas por funcionarios gubernamentales, tanto en su capacidad profesional como personal. Esta posición refleja la intención del magistrado de mantener la neutralidad y el respeto institucional, a pesar de la gravedad de los hechos reportados.
