Un grupo de más de 200 ciudadanos colombianos ha redactado y firmado una carta manifestando su oposición a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa presidencial, que busca facilitar la implementación de reformas sociales actualmente estancadas en el Congreso, ha generado una respuesta crítica por parte de diversos sectores de la sociedad. La carta, dirigida al gobierno nacional y al presidente, expone seis puntos principales que fundamentan el rechazo a la propuesta constituyente.
El primer argumento presentado en la misiva enfatiza la importancia de defender la Constitución Política de 1991. Los firmantes sostienen que este documento es fundamental para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Señalan que "los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales". En su opinión, "Colombia no requiere de una nueva Constitución".
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La carta también aborda la existencia de alternativas democráticas para realizar reformas constitucionales. Los autores argumentan que existen mecanismos institucionales, como el Congreso de la República y los instrumentos de participación ciudadana, que deben ser fortalecidos y respetados. Además, expresan su preocupación por la posible inestabilidad institucional que podría generar la convocatoria a una Constituyente, advirtiendo que esto "afectaría la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones".
Los firmantes alertan sobre los riesgos que una Asamblea Constituyente podría representar para la democracia colombiana. Según el documento, este proceso "podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia". Asimismo, advierten sobre la incertidumbre jurídica y económica que se generaría, lo cual "se traduciría en menor inversión, desempleo, la ralentización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social".
Finalmente, la carta aborda los costos económicos asociados a la realización de una Asamblea Constituyente. Los autores señalan que este proceso implicaría "altos costos económicos para el Estado colombiano en un momento en el que se requiere priorizar la inversión en áreas estratégicas, así como en la reactivación económica". Hacen referencia a un reciente recorte presupuestario de 20 billones de pesos realizado por el gobierno, argumentando que "financiar un proyecto de este calado es inconveniente". La misiva concluye afirmando que "la propuesta de una Constituyente en las actuales circunstancias no es conveniente para el país y puede tener consecuencias negativas para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo de Colombia".
