El paro nacional tiene a un país en crisis perdiendo billones de pesos cada semana. Cali y Buenaventura son el retrato claro del padecimiento que destruye empresas y puestos de trabajo.
Yamileth Castillo no es dueña de un ingenio, ni empresaria de la construcción ni magnate bancario. Es simplemente la gerente de una pequeña empresa que montaron inversionistas ecuatorianos en Cali para vender fotopolímeros para la impresión de empaques. Tiene cinco empleados y atiende a clientes industriales de la capital vallecaucana y los municipios vecinos.
El 70 % de sus ingresos depende de una de ellas, que está, como casi todas las empresas afincadas en el Valle del Cauca, prácticamente paralizada por los bloqueos y las protestas. Por supuesto, la empresa de Yamileth también. La facturación mensual que debe alcanzar es de unos 100 millones de pesos y en el mes de paro solo consiguió llegar a $16 millones. Ya tuvo que enviar a un empleado a vacaciones anticipadas. Las cosas se pueden complicar en las próximas semanas por falta de ingresos.
Hoy Yamileth se pregunta cómo va a cubrir dentro de uno o dos meses las obligaciones, cómo va a hacer cuando no haya facturas qué cobrar dentro de dos meses y qué hará cuando se agote en 15 días el inventario que le queda, porque no ha podido recibir lo que traen de China debido al cierre de Buenaventura. “Ni en los años 80 y 90, cuando había balaceras, secuestros y bombas, Cali había estado tan postrada como hoy”, comenta.
Su caso retrata bien el drama vivido por muchos ciudadanos de la capital del Valle, que entienden la protesta pacífica por la crisis que ha generado la pandemia, pero no por qué, alegando ese descontento, los han sometido a no poder ir a trabajar y a vaciar los pocos ahorros que tenían para pasar el momento crítico.
“Y no solo a eso. Hace dos semanas no había pollo ni lentejas en los supermercados y tuve que hacer cola durante tres horas para tanquear en una gasolinera, porque no entraba combustible a la ciudad”, relata Yamileth.
Cali estaba sitiada por los bloqueos y asustada por tanto vandalismo que se desató. Yamileth cuenta que un día por la salida a Yumbo, en un retén improvisado, un joven de no más de 22 años, con acento muy paisa, le pidió la cédula y “una ayudita por la lucha”.
“Estoy segura de que su lucha no es mi lucha, fue mi respuesta”, dice Yamileth. Después, se enteró de que el muchacho era de Medellín, no tenía empleo allá y se había trasladado a Cali porque le habían ofrecido paga. “Para mi todo esto fue muy bien planeado”, agrega.
El plan violento
Lo mismo creen las autoridades, que ven detrás del plan de infiltrar las protestas de jóvenes y sindicalistas a la guerrilla del Eln y a las disidencias de las Farc, en asocio con el narcotráfico y la delincuencia común. Los primeros informes de inteligencia revelaron la participación en las acciones de al menos tres reconocidos jefes de milicias de grupos guerrilleros. Alias Jacobo, jefe de la columna Dagoberto Ramos, es una de las fichas clave de lo sucedido. Ellos se unieron a grupos barriales y pandillas para armar el plan, que incluyó instalarse en cuatro sitios estratégicos de la ciudad para controlar sus entradas y desarrollar una jornada sistemática de destrucción a gran escala para generar caos y terror, y sembrar el rechazo a la Policía, especialmente al Esmad.
Los esquemas de organización y acción de quienes no solo quieren protesta, sino también violencia, copian claramente lo que se ha visto en países como Chile y Ecuador, que han padecido estallidos similares.
Detrás de todo lo que se ha visto en Cali hay, claro está, fenómenos complejos que se han fraguado durante muchos años. “Esta es una ciudad rodeada de regiones muy complicadas, donde hay cultivos ilícitos, rutas de droga, disidencias de guerrillas, grupos armados ilegales y minería ilegal. En Cali hierve un buen caldo de cultivo para ello”, explica el presidente de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Esteban Piedrahita. “Aquí hay comunidades indígenas con unos reclamos, comunidades afro con otros, y a la región la permea mucha criminalidad”, agrega.
En el análisis del dirigente también hay un mea culpa colectivo. “Todos fallamos. No vimos venir esto ni en su concepción de tejido social ni en su componente más criminal. Fallaron la inteligencia del Estado y las autoridades también”.
“Nadie predijo algo así – agrega Piedrahita-. Habíamos vivido algo complejo a finales del 2019, pero en otro nivel. No contábamos con los bloqueos que asfixian no solo a todas las empresas sino también a todos los hogares de la región, con desabastecimiento, carestía, zozobra en materia de seguridad y sin poder trabajar. Esto vulnera los derechos de millones de personas”.
Pérdidas billonarias
La misma Cámara encontró cómo traducir el problema en cifras. Una encuesta de principios de mayo, con 1.700 empresas, arrojó que un poco más del 40 % estaban cerradas, mientras que otro 50 % trabajaba al 40 % de capacidad. “Calculamos que el 70 % del aparato productivo estaba parado en ese momento. Y eso no ha cambiado demasiado desde entonces”, dice Piedrahita. El cálculo está en haber dejado de producir 1,2 billones de pesos cada semana. Más de un mes después la cuenta de pérdidas, solo en la región, sería de más de 5 billones de pesos.
El Valle del Cauca es el primer productor de muchos renglones en el país, especialmente de alimentos. El más representativo de ellos es el del azúcar. Seis de cada 10 familias en el valle geográfico del río Cauca dependen de esta agroindustria. Unos 2,5 millones de personas trabajan para los empresarios azucareros y paneleros en todo el país.
A la tercera semana de parálisis ya todos los ingenios estaban cerrados por la desconexión total del suroccidente con el resto del país y con Buenaventura, la gran puerta del comercio exterior.
El daño para estos sectores se repite en otros como el avícola, el farmacéutico, el cementero, o el del café, que saca la mitad de su producción exportable a través del puerto en el Pacífico.
Una mirada al comercio interno no arroja mejores cifras. Alrededor de una semana atrás Fenalco reportaba pérdidas por el paro superiores a los 3 billones de pesos, un tercio de ellos solo en Cali, y el cierre de 40.000 mipymes por causa de un coctel que mezcla vandalismo, bloqueos, desabastecimiento con amenazas y el temor. “Esto representa 300 mil empleos perdidos”, asegura Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes que generan más de una quinta parte del empleo en el país.
Otra cara de la crisis es la de Buenaventura, con su capacidad de almacenamiento portuario, cercana a las 500.000 toneladas, casi al tope. Por allí más de una tercera parte de las exportaciones y se reciben muchos productos alimenticios, pero también insumos para diversas industrias. Ya varias navieras suspendieron sus operaciones. También la ciudad, y más de una decena de municipios que se surten de ella, sienten la escasez de alimentos y medicinas, y la crudeza del vandalismo.
La esperanza de lograr cierta normalidad estaba al cierre de esta edición en el establecimiento de un corredor logístico con el interior del país, protegido por las Fuerzas Militares, para desatorar el flujo de la carga y la relocalización de parte de ella en otros sitios de almacenamiento fuera del puerto. Las pérdidas, en todo caso, serán enormes.
El diálogo se alarga
Los bloqueos asfixiantes han hecho más difícil rescatar la economía. Lo que se podría ganar el fisco en la reforma tributaria que está proyectado y tratando de consensuar se ha perdido ya por la inactividad producto del paro. Políticos y juristas han coincidido en señalar que el derecho a la protesta tiene límites y uno de eso son los bloqueos que perjudican la vida y la salud de los seres humanos.
La fuerza pública y el gobierno tienen el derecho y deber de actuar con constitución en la mano, en contra de los bloqueos. Lo han dicho constitucionalistas colombianos, pero también expertos extranjeros, que ven las barreras a la movilidad como riesgo para la vida, la alimentación y la salud de los ciudadanos.
El presidente Iván Duque, aunque anunció que no permitiría más estos cierres como mecanismo de protesta, ha preferido actuar con cautela, quizá dándole un compás de espera al diálogo con la dirigencia del Paro. Desde todos los rincones, la petición es la misma: diálogo, pero sin más bloqueos.
Las conversaciones del Gobierno y del comité del Paro solo dieron el primer resultado concreto transcurridos más de 10 días. Ese tiempo se los gastaron en encontrar puntos de acercamiento sobre las garantías para la protesta social, que pusieron en la mesa los dirigentes de la movilización. Mientras tanto, el país seguía acumulando solo pérdidas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calcula que los bloqueos a la actividad productiva representan unos $484.000 millones cada día.
La salida al problema, al concluir este artículo, no se veía cercana. El Gobierno insistía en exigir el fin de los bloqueos antes de seguir con las negociaciones. La salida no se veía fácil y tampoco si, cualquiera que fuera, garantizaría una relativa calma social, al menos para el fin del gobierno del presidente Duque, porque hay muchos intereses políticos de por medio y Colombia está a un año de la elección de un nuevo mandatario.
Si se mantiene el nivel de inestabilidad y agitación, Yamileth y sus compañeros tendrán que seguir lidiando con la incertidumbre económica.
