Por Gustavo Moreno Montalvo / Economista, abogado, consultor financiero
El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno es hostil con las clases medias, que suman el 30% de la población y más del 40% de los votantes.
Las economías latinoamericanas han crecido a tasas modestas en años recientes, por la pérdida de valor relativo de los productos primarios en los mercados internacionales. Colombia no es la excepción: en 2019, la mitad de sus exportaciones correspondió a petróleo, sin ser un país relevante en el mundo del crudo, y el remanente de la canasta exportadora es de moderado valor agregado.
La situación ha empeorado con la emergencia sanitaria mundial por la covid-19: decrecimiento del PIB en 7% en 2020, informalidad laboral por encima de la mitad de la población económicamente activa y desempleo del 16%. La relación entre deuda pública total y PIB cerró en 61%, cifra muy alta para una economía frágil.
El impacto fiscal es serio: se han tomado empréstitos para cubrir necesidades básicas de la población vulnerable y la deuda del Gobierno central está al borde de provocar la pérdida de la categoría de grado de inversión otorgada por las calificadoras de riesgo; de perderse, se encarecería el servicio de nuevos instrumentos: no serían apetecidos por inversionistas institucionales, sino por inversionistas de riesgo, que esperan altos rendimientos.
El Gobierno nacional ha presentado su proyecto de ley para atender el debilitamiento del tejido social y el problema de las finanzas públicas. El documento es una pieza poco amistosa: registra cambios propuestos a normas existentes, sin especificar la regla actual ni facilitar el entendimiento de la modificación propuesta. Más allá, es hostil con las clases medias, que suman el 30% de la población y más del 40% de los votantes: reduce descuentos para personas naturales, pasa algunos bienes tributados con IVA del 5% a la tarifa general del 19%, grava servicios públicos domiciliarios, disminuye el umbral para presentar declaración de renta y la renta mínima para pagar impuesto, con tarifas altas a partir de 2023, y crea un marco amplio para aumentar las retenciones en la fuente.
Algunas propuestas son de tinte populista, como el subsidio a la creación de empleo a segmentos poblacionales específicos —entre ellos, menores de 28 años y mujeres desempleadas mayores de 40—, reducción de la carga prestacional por seguridad social para los nuevos empleos con remuneración inferior a tres salarios mínimos, y apoyos especiales para la educación superior de las personas ubicadas debajo de la línea de pobreza y para la cultura.
Se propone limitar el aumento del gasto a la inflación esperada, sin evaluar la calidad en el uso de los recursos, y mantener el complejo mecanismo de compensación anticipada de IVA para hogares de bajos ingresos, con el cual se aduce compensar la reducción del número de bienes sin IVA de la canasta familiar.
En síntesis, el proyecto gravaría más a quienes hoy pagan impuestos, aumentaría el gravamen a los dividendos y conservaría tarifas altas, en comparación con otros países, pero no se suprimirían tratamientos privilegiados existentes. Se crearía una nueva carga al patrimonio, con un límite inferior mucho menor que el anterior. A partir de $10 millones habría impuesto adicional a la renta sobre los ingresos laborales de servicios profesionales independientes para el Estado y de pensionados.
Las propuestas formuladas hace unas semanas por Fedesarrollo son mucho más imaginativas: incentivar la creación de empleo formal, pero no de la manera fragmentada que caracteriza el proyecto oficial, sino mediante la racionalización de cargas prestacionales; proteger segmentos poblacionales muy vulnerables, y promover la productividad. Sin embargo, ni el reconocido centro de pensamiento ni el Gobierno enfrentan la realidad: el Estado colombiano no sirve; urge rediseñarlo con inteligencia.
Los colombianos produciríamos mucho más valor agregado si nos ordenáramos. El sistema tributario requiere simplificación radical y supresión de privilegios, pero el núcleo del problema es otro: ni el régimen presidencial, ni la forma de construir y operar por parte del ente legislador y de justicia, ni el concepto arcaico de control existente, ni el sistema acusatorio (con serios problemas éticos), ni la desarticulación entre centro y regiones apoyan el propósito de construir un país orientado al conocimiento, a la productividad y, sobre todo, al respeto. El asunto no es el tamaño del Estado, sino los procesos que producen corrupción y desperdicio.
La desigualdad es casi la misma antes y después de los impuestos, prueba de la disfuncionalidad de lo público, que suma 30% del PIB. Es necesario educar a los votantes con propuestas serias en lenguaje sencillo, depurarlas con la discusión y someterlas a referendo. Se requerirían recursos importantes para la comunicación. Sorprende que las élites criollas no perciban la oportunidad de capturar mucho valor y financiar el ingreso permanente asegurado propuesto por el Gobierno para la base de la pirámide, con el apoyo de un Estado que impulse el crecimiento rápido con mejor distribución del ingreso y ocupación del territorio, para ganar la guerra de la coca sin balas.
