La Procuraduría General de la Nación señaló que persisten incumplimientos en las metas de reparación colectiva y reubicación de población desplazada debido al conflicto armado. Este señalamiento se desprende de un análisis realizado sobre el avance de los seis puntos del Acuerdo de Paz entre abril de 2023 y marzo de 2024.
En el informe, de 980 páginas, se destacó que las víctimas en zonas rurales enfrentan barreras significativas para acceder a las ofertas de reparación destinadas para ellas. Según el órgano de control, “es necesario articular el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con medidas de reparación integral”, dado que solo el 0,5 % de las 33,007 iniciativas de los PDET se vinculan con acciones de los Planes de Retorno y Reubicación.
En el tema de formalización de tierras, se reportó un avance del 35,8 % sobre un total de siete millones de hectáreas proyectadas para pequeña y mediana propiedad. Este aspecto es considerado clave para la estabilización rural y el cumplimiento de los acuerdos.
El informe también destacó rezagos en la reparación a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa, víctimas del conflicto armado. La Procuraduría advirtió que la información registrada por las entidades responsables no refleja adecuadamente las orientaciones sexuales e identidades de género de los beneficiarios, limitando la efectividad de estas reparaciones.
En cuanto a la reincorporación social y económica de excombatientes, se identificaron problemas relacionados con los contratos de vivienda en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR). Según el informe, muchos procesos enfrentan retrasos debido a obstáculos administrativos y problemas de seguridad en los territorios.
Sobre las garantías de seguridad, la Procuraduría reportó un aumento en las afectaciones a los firmantes de paz, aunque reconoció avances como la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y el incremento de mujeres en los cuerpos de seguridad.
El análisis subrayó que el Plan de Atención Inmediata (PAI) sigue siendo el único componente implementado del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según el informe, esto refleja un enfoque en soluciones individuales en lugar de la transformación territorial integral y colectiva requerida en las zonas afectadas por cultivos ilícitos.
En el desarrollo del informe, la Procuraduría evaluó el impacto de 451 recomendaciones previas emitidas por el Ministerio Público. De estas, el 49 % fueron acogidas en su totalidad, el 33 % parcialmente, y el 18 % no fueron atendidas.
El informe resalta la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades responsables y un compromiso sostenido para superar los retos identificados y avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz.
