La relación entre Gustavo Petro y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) se tensó a raíz de una propuesta del gremio empresarial. La ANDI, presidida por Bruce Mac Master, solicitó un aumento del 16,9 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual es el valor anual que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud.
El pedido de la ANDI, para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS) tanto en los regímenes contributivo como subsidiado, generó una respuesta inmediata por parte de Petro, quien cuestionó la solicitud y la motivación detrás de la misma.
Petro afirmó: “Si me devuelven todo el dinero de las reservas técnicas que se llevaron las EPS, le concedo el deseo codicioso a la Andi”.Esta declaración refleja el descontento del mandatario con la gestión de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y la postura del gremio industrial.
Según el análisis de la ANDI, la deuda acumulada por el sistema de salud en concepto de UPC alcanzaría los 10 billones de pesos para este 2024. En su informe, la asociación defendió su propuesta, argumentando que el incremento es necesario para mantener la sostenibilidad del sistema de salud frente al aumento de la inflación y los costos operativos. “El sistema de salud necesita un ajuste del 16,9 % para cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos y pacientes colombianos”,indicó el documento presentado por la ANDI.
La solicitud, sin embargo, ha sido recibida con críticas por parte del presidente Petro, quien consideró la propuesta como una señal de una posible crisis en el sistema. “Creo que la ANDI enloqueció”, manifestó el mandatario, quien ha sido un firme defensor de las reformas en el sector salud. Para el presidente, la medida refleja un interés desmedido por parte de los empresarios en obtener mayores beneficios a expensas de los recursos públicos.
Desde el gremio advierten que si no se realiza este ajuste en la UPC, el sistema de salud podría enfrentar serias dificultades, porque la insuficiencia de recursos podría generar un aumento en las barreras de acceso a los servicios médicos, mayores tiempos de espera y un incremento en los gastos de bolsillo para los hogares.
“La insuficiencia de la UPC pone en riesgo la operación del sistema, la protección de los pacientes y sus familias”, destacó la ANDI en su propuesta.
