El presidente Gustavo Petro, condicionó este viernes los ceses del fuego que tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a acuerdos que permitan "destruir" economías ilícitas como la minería ilegal, extorsión y el secuestro.
"El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese del fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas", aseguró el jefe de Estado en una ceremonia de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y la Policía en Bogotá.
En ese sentido destacó que en las conversaciones del Gobierno con estos grupos "no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego", por lo que destacó que ese cese no solo debe implicar la detención de las acciones ofensivas entre el Estado y los grupos ilegales.
"Lo que nos preocupa no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad. Y no por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa extendiendo los delitos sobre ella", dijo.
Petro enfatizó en que "así no se construye un proceso de paz, por tanto el cese al fuego queda subordinado a acuerdos previos sobre el reemplazo de estas economías ilícitas, tarea en la que se tiene que comprometer el gobierno cuando se trata de los cultivos de hoja de coca o de las zonas mineras".
El defensor del pueblo, Carlos Camargo, instó el jueves al ELN a sumarse a la decisión del EMC, que anunció que va a dejar de secuestrar con fines económicos.
En esa dirección el Defensor insistió en que el ELN y el EMC deben dar a conocer los nombres de las personas que tienen en cautiverio.
El EMC dijo el martes que renunciará al secuestro con fines económicos y reanudará las negociaciones de paz con el Gobierno en un nuevo ciclo que se realizará en Bogotá entre el 9 y el 18 de enero de 2024.
A propósito del secuestro, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) señaló en un informe que al menos 287 personas fueron secuestradas en Colombia entre enero y octubre pasados. EFE
