“La Fiscalía General de la Nación formuló imputaciones contra el candidato Óscar Iván Zuluaga y el gerente de esa campaña presidencial. Estamos ad portas de presentar escrito de acusación al respecto».
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ha estado en primera plana en las últimas semanas. Denunció serias amenazas contra su vida y ha cuestionado la forma cómo el Gobierno ha manejado el tema. Tuvo que viajar a Washington para pedir protección de su vida y denunció que el propio comandante del Ejército, Luis Mauricio Ospina, engavetó informes de inteligencia. Estuvo en el Congreso de la ANDI, con nutrido grupo de empresarios colombianos y fue largamente ovacionado
Alternativa: ¿Fiscal, el acuerdo logrado por el Grupo Aval y Corficolombiana con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por 80 millones de dólares, por los sobornos que suman más de 23 millones de dólares a funcionarios del Gobierno colombiano, cierra la puerta para que la Fiscalía pueda continuar con la investigación de corrupción que significó el contrato de ampliación de la vía Ocaña-Gamarra
Francisco Barbosa: La Fiscalía General de la Nación, por la firma del otrosí de Ocaña-Gamarra ya imputó a la exministra Cecilia Álvarez Correa. Además, ha llamado a formulación de imputación a 18 funcionarios de la ANI, y avanza sólidamente en indagaciones sobre posibles sobornos a algunos de estos últimos. Adicionalmente, ha detectado sobornos pagados por este otrosí de $58.123.487.109, y por tal hecho, han sido condenados Federico Gaviria, Otto Bula, y Miguel Pico Pastrana, y se han apoyado las sentencias condenatorias de otros destinados, los exsenadores Bernardo Miguel Elías y Antonio Guerra de la Espriella. La Fiscalía también ha judicializado a representantes de numerosas empresas que sirvieron como vehículo financiero. De presentarse nuevas evidencias que lo ameriten, continuará actuando judicialmente.
La Fiscalía ha señalado que la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos recibió 3.500 millones de pesos “sucios”. ¿Esos dineros hacen parte de lo encontrado por la justicia estadounidense y del arreglo con el Grupo Aval o es otro “dinero sucio”?
Es el estimativo de los hallazgos de la justicia de Colombia.
¿Quiénes son los directivos responsables del ingreso de esos dineros a la campaña del candidato Santos?
La estructura de Odebrecht Brasil, pues desde su nivel corporativo central, por intermedio de la División de Operadores Estructuradas, se emitieron esos dineros a esa campaña presencial.
La Fiscalía confirmó el ingreso de dineros “sucios” de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga.
“La aplicación de beneficios como el principio de oportunidad está sujeta a un examen de proporcionalidad estricto que tiene en cuenta la eficacia de la colaboración. En eso la ley es clara”.
La Fiscalía confirma que la campaña de Óscar Iván Zuluaga, también recibió más de 3.000 millones de pesos de “dineros sucios” de Odebrecht. Hay una confesión del propio candidato ¿Por qué la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo sobre este tema?
Claro que sí las tomó. Hace ya dos meses la Fiscalía General de la Nación formuló imputaciones contra el candidato Óscar Iván Zuluaga y el gerente de esa campaña presidencial. Estamos ad portas de presentar escrito de acusación al respecto.
La Fiscalía imputó a 33 exfuncionarios de la ANI por sobornos de Odebrecht. ¿Habrá más pesos pesados imputados en esta investigación?
Si bien el entramado de Odebrecht Colombia ha quedado esclarecido, quedan algunos temas por judicializar, y estando el caso abierto, siempre es posible que evidencias nuevas generen nuevos impulsos judiciales.
Ernesto Samper, quien también recibió “dineros sucios” en su campaña, ha señalado que llegó la hora de que se apruebe la financiación estatal de las campañas. ¿Usted cree que esa es la salida para garantizar financiación transparente?
No voy a conceptuar sobre iniciativas de regulación que exceden mi competencia. Le puedo decir que los tipos penales contra los mecanismos de participación democrática, y en particular, los de financiación de campañas con fuentes prohibidas y violación de topes, no se crearon gratuitamente. Son fruto de una experiencia dolorosa que el país vivió en materia de criminalidad y deben ser aplicados de modo estricto. Se trata, además, de investigaciones que son importantes para el impacto de las economías ilícitas y su influencia en las esferas del poder político. No veo, por lo demás, cómo una financiación estatal terminaría por sí misma con este fenómeno.
Hay quienes dicen que la Fiscalía terminó haciendo un pésimo acuerdo con Nicolás Petro, que la colaboración será mínima y por delitos que parecen difíciles de probar. ¿Le preocupa que no se llegue a nada?
No me preocupa. Los mecanismos de negociación, colaboración y terminación anticipada del proceso están en la ley y son reglados. El manejo de estas herramientas en el caso que usted menciona hace parte de la órbita de autonomía e independencia del fiscal a cargo de la investigación. Sin embargo, la aplicación de beneficios como el principio de oportunidad está sujeta a un examen de proporcionalidad estricto que tiene en cuenta la eficacia de la colaboración. En eso la ley es clara.
El fiscal asistió al Congreso de la ANDI, donde fue largamente ovacionado por un nutrido grupo de empresarios colombianos.
¿Por qué el fiscal tuvo que ir a Washington para pedir protección de su vida y denunciar que hasta el propio comandante del Ejército engavetó información clave que prueba que detrás de esas amenazas está el ELN?
Porque la amenaza es muy seria. Y porque, además, está precedida de lo que ha sido un hostigamiento sistemático en mi contra auspiciado desde el alto Gobierno. Tengo pruebas para sostenerlo. A esto se suma que el señor presidente sigue minimizando la veracidad y seriedad de la información sobre el atentado contra mi vida. Ahora estamos seguros de que la inteligencia militar tuvo por varios días esa información sin cumplir el deber inmediato de suministrármela. Así que entenderá que es la única opción que tengo para preservar mi vida e integridad personal.
¿Usted tiene una pelea abierta con el presidente Petro?
Para nada. Lo he dicho una y otra vez: los debates que he tenido con él son jurídicos e institucionales, siempre con respeto y franqueza. Pero, si a raíz de ejercer mi función constitucional y defender las instituciones, recibo a cambio ataques, calumnias y falta de solidaridad institucional, pues debo tomar las medidas, eso es elemental. Sin embargo, siempre he estado abierto al diálogo.
¿Le seduce la posibilidad de ser candidato presidencial dentro de tres años?
Soy el fiscal general de la nación y lo seré hasta febrero de 2024. Ninguna de mis actuaciones en el ejercicio de ese cargo la he desempeñado con un cálculo político.
