El tiempo apremia para el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien se encuentra ante la tarea crucial de definir qué empresa será responsable de la elaboración de los pasaportes colombianos. Con el contrato actual a cargo de Thomas Greg & Sons llegando a su fin en octubre, la nueva licitación, suspendida hace un mes debido a las más de 550 quejas, agrega una urgencia adicional. La entrega tardía del contrato podría comprometer los tiempos de empalme, en caso de que se elija un nuevo operador, convirtiéndose incluso en una tarea imposible de cumplir.
El pasado 28 de marzo, el gobierno de Gustavo Petro dio por concluida definitivamente la licitación de $600.000 millones que había sido declarada desierta por el exsecretario general, Álvaro Leyva, y posteriormente adjudicada a Thomas Greg por José Antonio Salazar. Esta acción desencadenó una serie de disputas legales y críticas políticas, marcando un hito en el proceso de selección del contratista para la impresión de pasaportes.
La revocación de las decisiones tomadas por Salazar, debido a su presunta emisión fuera del marco legal, ha generado tensiones y señalamientos entre las partes involucradas. Mientras la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentan denuncias por posibles delitos asociados a dichos actos administrativos, las empresas interesadas expresan su preocupación por la demora en la resolución de la nueva licitación.
Con más de 550 quejas por revisar, la nueva licitación enfrenta un panorama desafiante. Se especula que la Imprenta Nacional podría ser considerada como una opción viable, dada su trayectoria y capacidad técnica. Sin embargo, las observaciones sobre presuntos favorecimientos a empresas colombianas y el tiempo de implementación requerido plantean interrogantes sobre la selección del contratista.
Aunque inicialmente se esperaba adjudicar el contrato por $416.000 millones el 25 de abril, este cronograma podría modificarse debido a las complicaciones actuales. La incertidumbre prevalece en torno a los tiempos y procedimientos legales que rodean el proceso de licitación, mientras los colombianos aguardan por la resolución de esta situación que impacta directamente en la emisión de pasaportes hasta octubre.
En medio de esta situación, la Cancillería enfrenta críticas y demandas, destacándose la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y actores involucrados en el proceso. La resolución de este desafío representa un imperativo para garantizar la continuidad y eficiencia en la expedición de documentos de viaje para los ciudadanos colombianos.
