El Ministerio de las TIC ha tomado la decisión de suspender por segunda vez la licitación para las escuelas potencia digital, en respuesta a las críticas formuladas por la Procuraduría General de la Nación. Esta medida, anunciada mediante una resolución oficial, extiende el aplazamiento del proceso hasta el 24 de julio de 2024, superando la fecha inicial de suspensión que estaba prevista para el 15 de julio. La prolongación del plazo tiene como objetivo permitir un análisis más profundo de las inquietudes y riesgos señalados por el Ministerio Público.
La controversia surge a raíz de una adenda introducida en el proceso de contratación, que según la Procuraduría, alteró sustancialmente los requisitos para adjudicar la licitación. El ente de control argumenta que esta modificación podría infringir la Ley 80, que regula la contratación estatal en Colombia. Esta preocupación ha llevado a un escrutinio más detallado del proceso licitatorio, obligando al Ministerio a reconsiderar los términos y condiciones establecidos inicialmente.
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Por su parte, el Ministerio de las TIC sostiene una postura diferente respecto a las modificaciones realizadas. Según la entidad, "no hubo un cambio en los pliegos sino una explicación de los mismos. La respuesta no beneficia a nadie ni cambia el orden de legibilidad, sino que abre un debate de interpretación de la ley". Esta declaración sugiere que, desde la perspectiva del Ministerio, las aclaraciones realizadas no alteran la esencia del proceso de selección, sino que buscan proporcionar mayor claridad a los participantes.
La resolución de aplazamiento emitida por el MinTIC detalla las razones de esta nueva suspensión. "Al interior de la entidad se continúa con los análisis correspondientes en relación con las inquietudes y riesgos advertidos por el Ministerio Público, por lo que se requiere prorrogar los términos de la suspensión del proceso de selección FTIC-LP-004-2024 en 10 días adicionales, contados a partir del día 15 de julio de 2024". Este período adicional permitirá a la entidad realizar una evaluación exhaustiva de las observaciones presentadas y determinar los ajustes necesarios para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
