La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la apertura de una indagación previa contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González. Esta investigación se centra en su posible participación en presuntos actos de corrupción en la UNGRD.
Además de los funcionarios mencionados, la Sala Disciplinaria de Instrucción ha vinculado al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a ocho congresistas: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís. La investigación busca determinar si estos funcionarios estuvieron involucrados en una estrategia para otorgar contratos a cambio de votos favorables a proyectos de ley y reformas del Gobierno.
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El Ministerio Público ha indicado que el objetivo de esta actuación disciplinaria es individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye una falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.
En una acción relacionada, la Procuraduría también ha vinculado a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a una indagación previa en el expediente abierto contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas.
Esta investigación se centra en la supuesta recepción de dinero proveniente de un contrato suscrito por la UNGRD para la compra de 60 carrotanques destinados al traslado de agua potable a La Guajira.
