La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria que involucra a varios funcionarios de alto rango del gobierno colombiano. Entre los investigados se encuentran la ex ministra de Educación, Aurora Vergara; la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo; el presidente de la Fiduprevisora, Jhon Marín; y representantes del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Esta investigación se centra en las presuntas irregularidades relacionadas con el cambio en el modelo de atención en salud para los docentes y sus familias.
En un documento de 14 páginas, el Ministerio Público detalla las presuntas faltas en el proceso de implementación del nuevo modelo de salud. Según la Procuraduría, "presuntamente hubo improvisación y fallas en la estructuración, adopción e implementación del nuevo modelo de salud, que dio lugar a la falta de continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio". El organismo señala que estas deficiencias se habrían producido "sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora para prestar servicios de salud y que estarían referidos a la contratación tardía de las IPS".
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La investigación también pone de relieve problemas en la aprobación del régimen tarifario. La Procuraduría indica que se aprobaron valores por debajo de lo establecido por el régimen común, lo que podría tener implicaciones significativas en la calidad y disponibilidad de los servicios de salud para los docentes. Además, el organismo señala la falta de claridad respecto a la entidad encargada de realizar el giro de los recursos y auditar las cuentas, así como la entrega de medicamentos sin previa autorización, lo que sugiere posibles fallas en los procesos de control y autorización.
El papel del Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también está bajo escrutinio en esta investigación. La Procuraduría afirma que el ministro habría desconocido la autonomía del consejo directivo del Fomag en la toma de decisiones cruciales para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados al régimen de excepción. Además, se señala que el Ministerio de Salud no habría proporcionado el debido acompañamiento técnico durante el proceso de implementación por parte de la Fiduprevisora, lo que podría haber contribuido a las deficiencias observadas en el nuevo modelo de atención en salud.
La Fiduprevisora, una sociedad fiduciaria encargada de la administración de fondos y patrimonios autónomos, incluyendo el Fomag, también está en el centro de esta investigación. Su función principal es gestionar los recursos financieros y bienes de sus clientes, asegurando una administración eficiente y transparente. Sin embargo, las presuntas irregularidades señaladas por la Procuraduría sugieren que podrían haber existido fallos en el cumplimiento de estas responsabilidades, particularmente en lo que respecta a la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes y sus familias. La investigación buscará determinar el alcance de estas presuntas irregularidades y las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el proceso.
