La Procuraduría General de la Nación emitió una advertencia al Ministerio de Salud sobre posibles irregularidades en un proceso de contratación de software por 20.400 millones. Esta advertencia fue enviada al despacho del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo mediante un oficio que pide la suspensión del contrato mientras se analizan las observaciones presentadas.
Según la Procuraduría, el proceso de contratación en cuestión está orientado al desarrollo, mantenimiento y adaptación de soluciones de software para el Ministerio de Salud. No obstante, el órgano de control señala que se habrían presentado inconsistencias en el concurso de méritos. Marcio Melgosa, delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, indicó que estos problemas podrían poner en riesgo la transparencia del proceso.
Entre las observaciones mencionadas por la Procuraduría se destaca la publicación de una adenda el mismo día de cierre del proceso. “Esto podría vulnerar el principio de economía y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015, al no dar tiempo suficiente a los oferentes para ajustar sus propuestas conforme a los cambios”, señaló el comunicado oficial del órgano de control.
Además, el Ministerio Público advirtió que dentro del proceso se incluyó como requisito la certificación CMMI, criterio que ya se encuentra prohibido en la ley 1150 de 2007 para la habilitación de oferentes en las licitaciones. En el oficio se especificó que este requerimiento “podría limitar la libre concurrencia y objetividad en la selección de los proponentes”.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud evaluar una suspensión temporal del proceso de contratación para que se revisen en detalle las advertencias señaladas. También recomendó que se publique el oficio completo en la plataforma de contratación pública SECOP II para garantizar transparencia en el manejo del proceso.
El órgano de control agregó que el Ministerio debería considerar la revocatoria del acto de apertura de este proceso de contratación. Según la Procuraduría, esta medida permitiría “garantizar la transparencia y cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública”.
