La Procuraduría General de la Nación ha emitido un comunicado criticando la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con las solicitudes de sustracción de áreas protegidas. Tras analizar la información proporcionada por el Ministerio sobre las solicitudes presentadas entre 2021 y lo que va de 2024, el organismo de control concluyó que existe una "ineficiente actuación" por parte de la cartera ministerial, evidenciada en la discrepancia entre el número de solicitudes, las fechas de presentación y las sustracciones efectivamente otorgadas.
El Ministerio Público recordó que, según la Resolución No. 110 de 2022, el Ministerio de Ambiente tiene un plazo máximo de quince días para resolver las solicitudes de sustracción. Sin embargo, la Procuraduría ha observado que un número significativo de solicitudes presentadas en 2023 y 2024 aún no han sido resueltas. Esta situación es particularmente preocupante dado que muchas de estas solicitudes están relacionadas con la ampliación de áreas del Distrito Regional de Manejo Integrado en el Valle del Cauca, parte crucial de los compromisos adquiridos por Colombia en el Convenio sobre Diversidad Biológica.
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La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios enfatizó el papel fundamental del Ministerio de Ambiente como rector de la gestión ambiental en Colombia. En este sentido, instó al Ministerio a ser proactivo en la promoción e impulso de acciones para la conservación de valores naturales, culturales y servicios ecosistémicos en el territorio nacional. Además, el ente de control reiteró la importancia de establecer y mantener sistemas de áreas protegidas eficazmente manejadas, en línea con el Programa Temático de Áreas Protegidas.
Frente a esta situación, la Procuraduría ha exhortado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a cumplir cabalmente con sus deberes constitucionales y legales. El organismo de control advirtió que la demora en el otorgamiento de sustracciones está generando graves afectaciones sociales y económicas, y recordó que el cumplimiento de los términos establecidos en las normas no es opcional para los funcionarios públicos. La Procuraduría concluyó señalando que la morosidad observada en estos trámites sobrepasa los límites permisibles, instando a una acción correctiva inmediata por parte del Ministerio.
