En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general de nueve años impuesta al exalcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz, por irregularidades en la adjudicación de un proceso licitatorio para el servicio de alumbrado público. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular validó esta decisión.
La investigación reveló que Donoso Ruíz participó en la etapa precontractual y contractual del proceso y falló en garantizar que los documentos cumplieran con los principios legales. Según la Procuraduría, el exalcalde no verificó ni controló adecuadamente la selección del contratista.
El informe de la Procuraduría indicó que Donoso Ruíz aprobó documentos con falencias, incluyendo análisis del sector y estudios previos, que no cumplían con los requisitos legales. Estos documentos fueron incorporados al pliego de condiciones de manera incorrecta.
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En la misma resolución, la Procuraduría también destituyó al exsecretario de Obras de 2018, Jorge Wilmar Torres Porras, por omitir su responsabilidad en la aprobación de los documentos precontractuales. Torres Porras no garantizó que se cumplieran los requisitos financieros necesarios.
La Procuraduría calificó las faltas de Donoso Ruíz y Torres Porras como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima, subrayando que ambos funcionarios quebrantaron los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva en la contratación estatal.
