La Procuraduría General de la Nación ha aclarado su posición respecto a la implementación de la Reforma Rural Integral, tras la publicación de un informe que señala posibles irregularidades en la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El órgano de control ha subrayado que su informe no busca oponerse a la ejecución de la Reforma Agraria ni a los compromisos del Acuerdo de Paz, sino que exhorta al cumplimiento de las normas constitucionales y legales que rigen este proceso.
En su comunicado, la Procuraduría ha hecho hincapié en los riesgos asociados a la compra de tierras públicas. Se ha señalado que, en al menos 18 casos, la ANT había advertido sobre posibles traslapes entre los predios ofertados y cuerpos de agua como ciénagas o humedales. Esta situación requiere una mayor diligencia en los estudios de títulos, ya que podría implicar la adquisición de bienes de propiedad estatal y de uso público.
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Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha explicado la complejidad legal de estas situaciones: "La propiedad privada en tales áreas no puede ser acreditada con la simple presentación de cadena de tradiciones entre particulares y exige asegurar que los linderos no hayan sido alterados en perjuicio de ciénagas o playones comunales, conforme a lo establecido por la Ley 160 de 1994 y el Código de Recursos Naturales".
El ente de control ha destacado la importancia de los procedimientos de deslinde de tierras de la nación, responsabilidad de la ANT. Estos procedimientos incluyen estudios de títulos para identificar tierras privadas y públicas, un proceso que debe aplicarse con igual rigor tanto en las compras como en los procesos agrarios. La Procuraduría insiste en que esta diligencia es fundamental para garantizar la legalidad y eficacia de la reforma agraria.
Según el procurador delegado, la recomendación de garantizar que las tierras adquiridas tengan condiciones óptimas para las posteriores adjudicaciones no obstaculiza la compra ni paraliza la ejecución de la reforma agraria. Por el contrario, esta medida busca asegurar la mejora de las condiciones de vida rural de los campesinos y lograr un desarrollo rural sostenido con estabilidad jurídica de sus derechos.
