La Procuraduría General de la Nación ha emitido un pliego de cargos contra Juan Guillermo Jiménez Gómez, quien se desempeñó como gerente general de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) entre 2021 y 2023. El ente de control señala presuntas irregularidades en la contratación de obras para la construcción del proyecto 'Ciudadela Educativa y del Cuidado', una iniciativa que se planeaba ejecutar en predios previamente asignados a la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO).
Según la Procuraduría, Jiménez Gómez habría adjudicado y firmado el contrato para la ejecución de los trabajos sin contar con un marco normativo definido que reglamentara el alcance del proyecto y las funciones del operador urbano. Esta acción se habría llevado a cabo a pesar de las advertencias realizadas por potenciales oferentes, quienes señalaron la falta de claridad en aspectos cruciales del proyecto. El órgano de control indica que estos puntos no fueron precisados antes de continuar con la fase de selección del colaborador empresarial.
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Adicionalmente, la Procuraduría señala que al momento de la firma del contrato, no se habían resuelto aspectos fundamentales como el mecanismo de gestión, coordinación y articulación institucional, así como el modelo de negocio y la identificación de predios. Estas omisiones podrían constituir un incumplimiento del Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la entidad, según el ente de control. La Procuraduría argumenta que el disciplinado tenía la obligación de no dar continuidad al proceso de selección del colaborador empresarial mientras persistieran estas circunstancias.
El órgano de control advierte que las presuntas irregularidades podrían derivar en escenarios de demandas contra el Distrito, lo que potencialmente afectaría la implementación del proyecto 'Ciudadela Educativa y del Cuidado'.
La Procuraduría ha calificado la conducta de Jiménez Gómez como una falta grave cometida a título de dolo, en grado de probabilidad. El ente de control considera que el proceder del ex funcionario podría vulnerar el principio de eficacia que rige la función administrativa.
