La Procuraduría General de la Nación ha emitido un fallo que inhabilita al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para ocupar cargos públicos por un período máximo de seis meses. Esta decisión fue anunciada tras la conclusión de un proceso disciplinario que investigó la presunta participación en política de Quintero durante su mandato como alcalde. El ente de control determinó que las acciones del exalcalde constituyeron un apoyo explícito a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, violando así las normas que prohíben a los funcionarios públicos en ejercicio involucrarse en actividades políticas partidistas.
En la sala de audiencias de la Procuraduría, ubicada en el centro de Bogotá, se procedió a la lectura del fallo. El organismo de control enfatizó que "la conducta del investigado demuestra que usó sus redes sociales para promover campañas políticas en marcos no legales y constitucionales".
La Procuraduría insistió en que las acciones de Quintero favorecieron específicamente al Pacto Histórico, la coalición política liderada por Gustavo Petro. Según el ente de control, esto ocurrió "desde su función activa como alcalde de Medellín, en plena campaña presidencial".
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Ante esta decisión, el exalcalde Quintero ha anunciado su intención de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de apoyo para defender su futuro político. De hecho, Quintero escuchó la lectura del fallo desde Washington, Estados Unidos, según él, con el propósito de acudir de manera inmediata al organismo internacional.
Quintero ha expresado su desacuerdo con la decisión, calificándola como parte de un "juego sucio" en su contra. El exalcalde afirma que sus detractores tenían como único objetivo "sacarme de las elecciones presidenciales". Esta declaración sugiere que Quintero percibe la inhabilitación como un movimiento político destinado a obstaculizar sus aspiraciones electorales futuras, más que como una consecuencia legítima de sus acciones durante su mandato como alcalde.
La defensa legal de Daniel Quintero ha anunciado que apelará la decisión de la Procuraduría. Han solicitado un plazo de cinco días para presentar la sustentación de su apelación, lo que indica que el proceso legal en torno a esta inhabilitación está lejos de concluir.
Es importante recordar que la investigación disciplinaria contra Quintero se centró en varias publicaciones realizadas en su cuenta de la red social X (anteriormente Twitter) durante su mandato como alcalde de Medellín. La Procuraduría consideró que estas publicaciones transgredían las normas que prohíben a los funcionarios públicos participar en política mientras están en ejercicio de sus cargos.
Uno de los incidentes más polémicos fue un video en el que se observa a Quintero dentro de un automóvil diciendo "el cambio en primera" durante la campaña presidencial. Este hecho específico ya le había costado a Quintero una sanción previa, resultando en una suspensión de 40 días de su cargo como alcalde. Durante ese período, Andree Uribe asumió como alcaldesa encargada de Medellín.
