La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación ha dado inicio a una investigación preliminar en respuesta a las denuncias sobre presuntas interceptaciones ilegales y perfilamientos dirigidos a magistrados de la Corte Constitucional y sus familiares. Esta acción se toma luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer la situación, generando preocupación en el ámbito judicial y de seguridad nacional. Según la información disponible, los miembros de la alta Corporación han manifestado ser objeto de "seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes", lo que ha llevado a la necesidad de esclarecer la legalidad y el alcance de estas supuestas actividades de inteligencia.
En el marco de esta investigación, el Ministerio Público ha anunciado que llevará a cabo una revisión exhaustiva para determinar si existen autorizaciones judiciales que respalden las actividades de inteligencia en cuestión. Este paso es crucial para establecer la legalidad de las operaciones y si se han respetado los protocolos establecidos para la vigilancia de altos funcionarios del Estado. Adicionalmente, se ha convocado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez para que, si así lo desea, proporcione su testimonio en calidad de quejoso.
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La Procuraduría ha delineado los objetivos específicos de esta indagación previa, que busca determinar varios aspectos clave del caso. Entre estos se encuentra la individualización de los posibles responsables de las presuntas actividades ilegales, lo que implica identificar a los funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia que podrían estar involucrados en las interceptaciones y seguimientos denunciados.
Asimismo, se pretende establecer con precisión la ocurrencia de las conductas señaladas, recopilando evidencias y testimonios que permitan confirmar o descartar la veracidad de las acusaciones. Un punto crucial de la investigación será determinar si las acciones, en caso de comprobarse, constituyen una falta disciplinaria según la normativa vigente para los funcionarios públicos y las agencias de inteligencia. El proceso investigativo también contempla la posibilidad de que las acciones bajo escrutinio puedan estar amparadas por causales de exclusión de responsabilidad.
La Procuraduría deberá examinar cuidadosamente el marco legal y operativo dentro del cual se habrían realizado las supuestas interceptaciones y perfilamientos, para determinar si existían justificaciones válidas o si, por el contrario, se trató de acciones que excedieron los límites legales y constitucionales establecidos para las labores de inteligencia en Colombia.
