La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación que involucra a varios funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntas irregularidades en la ejecución de obras destinadas a la reconstrucción de Mocoa, capital del departamento de Putumayo. Entre los investigados se encuentran Olmedo López y Eduardo José González, exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El proyecto en cuestión, financiado con recursos del sistema general de regalías, tiene un valor que sobrepasa los $185 mil millones.
El alcance de la investigación se extiende más allá de los exdirectores de la UNGRD. Gerardo Jaramillo, secretario general de la UNGRD; Rocío Rivera, vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora; Luis Alexander Mejía y Rosa Edilma Agreda, directivos de Corpoamazonía; así como Diego Fajardo, Jámirsón Cuellar, Héctor Adrada y Jairo Granados, representantes legales de cuatro entidades interventoras de las obras, también han sido vinculados al proceso.
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El seguimiento realizado por el Ministerio Público se centra en un paquete de 18 contratos que forman parte del Plan de Acción Específico presentado por la alcaldía de Mocoa. Este plan fue elaborado en el marco de un decreto de calamidad pública expedido en 2021, con el objetivo de acelerar las obras de mitigación del riesgo y prevenir futuras tragedias en la región. Durante el proceso de vigilancia, se identificaron posibles retrasos en la ejecución de las obras, irregularidades en la contratación de personal para la supervisión, y problemas en la ejecución de los recursos asignados.
Las presuntas irregularidades detectadas por la Procuraduría abarcan diversas etapas del proceso de reconstrucción. En la fase de preinversión, se señalaron posibles deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras planificadas. Durante la etapa de ejecución, se identificaron potenciales irregularidades técnicas que no fueron consideradas y que podrían haber puesto en riesgo la infraestructura existente. Además, se reportaron construcciones en ejes ambientales sin los permisos correspondientes y trámites ambientales realizados fuera de los plazos establecidos.
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Un aspecto que ha llamado particularmente la atención de los investigadores es la aparente destinación de recursos para actividades no directamente relacionadas con los proyectos de construcción. Se mencionan 86 actividades de este tipo, entre las que se destaca un viaje de ocho días a San Andrés y Providencia, supuestamente para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco de la emergencia causada por el huracán Iota. También se cuestiona una presunta asesoría para apoyo en temas ambientales relacionados con la reconstrucción de Mocoa.
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría ha solicitado diversas pruebas, incluyendo copias de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la UNGRD, así como los dos contratos relacionados con el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales y de vivienda. Se han requerido los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y los soportes de ejecución correspondientes. Adicionalmente, se ha pedido una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocoa.
