El 31 de julio, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación realizaron una inspección en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esta acción forma parte de la investigación sobre presuntas irregularidades relacionadas con una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que fue interceptada por el Ejército Nacional en una zona rural de Antioquia.
Las diligencias iniciaron el 29 de julio en las instalaciones de la UNP. El Ministerio Público busca determinar si hubo incumplimientos en los protocolos y normativas por parte de los funcionarios públicos involucrados en el incidente. Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre el progreso de la investigación.
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El consejero de paz y el director de la UNP, Augusto Rodríguez, ofrecieron explicaciones el 30 de julio. Indicaron que la caravana debía contar con acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No obstante, señalaron que los ocupantes de las camionetas no informaron a las autoridades sobre esta disposición y que no se proporcionaron las instrucciones necesarias.
Como parte de la investigación, la Procuraduría también ordenó una inspección disciplinaria en la sede de la UNP. El objetivo es recopilar información detallada sobre los agentes que formaban parte del esquema de seguridad de los pasajeros de las camionetas implicadas en el incidente. Se solicitaron datos como nombres, apellidos, identificaciones y cargos desempeñados, así como los manuales de funciones y protocolos de seguridad aplicables a estos funcionarios.
La Procuraduría continúa recopilando evidencias y testimonios para esclarecer los hechos ocurridos durante la interceptación de la caravana. Las autoridades esperan determinar si existieron fallos en los procedimientos establecidos y si se cometieron irregularidades por parte de los funcionarios involucrados en el incidente.
