Los elevados gastos generados por los viajes internacionales de la primera dama, Verónica Alcocer, podrían enfrentar cuestionamientos legales, según una demanda presentada ante el Tribunal de Cundinamarca. La acción legal sostiene que el canciller Álvaro Leyva Durán no debería designar a la primera dama como embajadora en misión especial para asuntos protocolarios, ya que esto implica costos que el Estado no debería asumir.
El recurso judicial argumenta que el sustento jurídico para respaldar los viajes de Alcocer proviene del Decreto 035 del 12 de enero de 2023, en el cual se la comisionó para asistir a una audiencia con el papa Francisco en Roma, Italia. Esta designación permitió que la Cancillería asumiera los gastos de dichos viajes.
La Procuraduría, en medio de esta controversia, ha emitido un concepto al Tribunal solicitando la nulidad del mencionado decreto. En su escrito, la entidad argumenta que la primera dama no debería realizar gastos a cargo del erario público y destaca la supuesta infracción al artículo 126 de la Constitución Política.
El Ministerio Público enfatiza que la normativa colombiana prohíbe a los servidores públicos designar a personas con las cuales tengan parentesco hasta ciertos grados. La Procuraduría sostiene que el presidente infringió esta disposición al designar a su esposa como embajadora en misión especial y asignarle viáticos, solicitando la nulidad de dicho acto administrativo.
La Procuraduría recalca que Verónica Alcocer no ostenta la calidad de servidora pública y, por lo tanto, no debería ser beneficiaria de comisiones ni viáticos destinados a este grupo. La situación se encuentra actualmente bajo la revisión del Tribunal de Cundinamarca, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de los gastos y la designación de la primera dama en este rol protocolario.
