La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome acciones inmediatas que garanticen la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. Este requerimiento surge a raíz del desplazamiento forzado de excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, ubicado en la zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. El desplazamiento se produjo como consecuencia de amenazas provenientes de grupos armados ilegales que operan en la región, poniendo en evidencia la vulnerabilidad persistente de esta población en proceso de reincorporación.
En una comunicación dirigida a Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, la delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz de la Procuraduría enfatizó la crítica necesidad de implementar y cumplir de manera efectiva las medidas de seguridad estipuladas en el Acuerdo. Entre las acciones prioritarias, se destaca la urgencia de "poner en marcha las disposiciones contempladas en el Plan Estratégico de Seguridad y Protección" diseñado específicamente para salvaguardar a los excombatientes en proceso de reintegración.
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Adicionalmente, el órgano de control ha solicitado evaluar la convocatoria de los miembros de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). El objetivo de esta convocatoria sería "movilizar la respuesta institucional frente a lo ocurrido en el ETCR de Miravalle".
El requerimiento de la Procuraduría fue reiterado durante la más reciente sesión de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Este espacio de diálogo y coordinación contó con la participación de figuras clave en la implementación del acuerdo de paz y la seguridad nacional, incluyendo al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, entre otras autoridades relevantes. La presencia de estos altos funcionarios en la mesa técnica subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de múltiples entidades gubernamentales.
