Un equipo de la Procuraduría, encabezado por Lucila Mercedes Vidal Luque, Directora Nacional de Investigaciones Especiales, realizó una inspección disciplinaria en las instalaciones de la UNP. El objetivo de esta visita fue recolectar pruebas documentales que permitan establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso salió a la luz cuando una caravana de vehículos fue detenida en un retén militar cerca de Bello, Antioquia. En los vehículos se encontraron disidentes de las FARC, así como "armas de fuego, municiones" y dinero, entre otros elementos. Este hallazgo provocó el escándalo que ahora investiga la Procuraduría.
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Vidal Luque declaró: "Vinimos a corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos". La funcionaria también mencionó que, aunque "el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados", no se descarta investigar los procesos de contratación y los manuales de funciones de los involucrados.
Como parte de la investigación, la Procuraduría anunció que realizará inspecciones disciplinarias adicionales en las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y en la Unidad Militar del municipio de Bello. Según Vidal Luque, estas acciones "podrían llevar a determinar conductas disciplinarias relevantes en la que hubiesen podido incurrir servidores del nivel directivo y otros".
