La Procuraduría General de la Nación ha decidido suspender por seis meses a Andrés Mauricio Mayorquín Bocanegra, quien se desempeñó como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) entre 2019 y 2021. La sanción responde a la entrega de contratos a su esposa, Karen Váquiro Cuéllar, sin informar su relación conyugal a sus superiores. La Procuraduría explicó que “el ex funcionario debió poner en conocimiento de sus jefes la inhabilidad existente por haber una relación conyugal entre él y la contratista.”
En total, Mayorquín facilitó la celebración de dos contratos de prestación de servicios profesionales, cuyo monto asciende a cerca de 100 millones de pesos. El primer contrato se firmó en septiembre de 2020 por $54,800,000, y el segundo en enero de 2021 por $44,982,000. La Procuraduría señaló que Mayorquín favoreció los intereses económicos de su cónyuge al “preferir guardar silencio” sobre la inhabilidad que afectaba los contratos.
La Procuraduría calificó la falta de Mayorquín Bocanegra como grave con culpa grave, ya que desconoció el principio de la moralidad administrativa. Según la entidad, Mayorquín no cumplió con el comportamiento honesto, ético, recto y leal requerido en la función pública, lo que comprometió la garantía de la función pública.
Dado que el ex asesor no ocupa actualmente un cargo público, la suspensión se traducirá en salarios básicos mensuales devengados al momento de la falta. La sanción refleja la importancia de la transparencia y la correcta declaración de intereses en el ámbito gubernamental.
