La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de imputar cargos a nueve funcionarios de la Registraduría General provocó una respuesta contundente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). La organización manifestó su “tajante desacuerdo y preocupación” ante lo que considera una intervención indebida en una entidad cuya función resulta clave para la democracia en Colombia.
Desde la CEJ se recuerda que, en un Estado Social de Derecho, la labor de la Registraduría General es esencial para el buen desarrollo de los procesos democráticos. La entidad es la responsable de organizar las elecciones para los cargos de elección popular y asegurar el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos, una tarea que demanda autonomía plena para mantener su imparcialidad y eficacia.
La corporación expresa que la determinación de la SIC “invade de forma injustificada” el ámbito de competencia de la Registraduría, un organismo que goza de autonomía según lo estipulado en el marco constitucional colombiano. Este tipo de decisiones, indican, podrían abrir el camino a intervenciones similares en otras autoridades autónomas o independientes del país.
En su pronunciamiento, la CEJ destaca que el respeto por la independencia y autonomía de las instituciones es un principio central en la estructura constitucional colombiana. La corporación advierte que cualquier intento por socavar la institucionalidad podría poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático y minar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Además, la CEJ afirma que este tipo de acciones podrían ir en contra de la armonía y coordinación que debe existir entre las distintas entidades estatales, conforme a los postulados constitucionales. La relación entre instituciones, insisten, debe ser de respeto mutuo y reconocimiento de las competencias específicas que cada una tiene dentro del marco legal.
Para la Corporación Excelencia en la Justicia, la decisión de la SIC no solo afecta a la Registraduría General, sino que genera una alerta sobre posibles implicaciones para otras entidades con competencias autónomas. En este sentido, consideran indispensable que se respeten los principios de independencia que estas instituciones ostentan para preservar el orden democrático.
La organización concluye su mensaje advirtiendo que este tipo de situaciones podrían tener consecuencias profundas en la institucionalidad del Estado colombiano. Por ello, consideran urgente que las autoridades correspondientes revisen el caso y se aseguren de que la autonomía de las instituciones se mantenga intacta frente a decisiones que, en su opinión, pueden comprometerla.
