Desde hace apenas unas semanas, buena parte del país se ahoga por las fuertes y prolongadas lluvias de un invierno que se esperó casi todo el año. Municipios flotan sobre el agua, miles de damnificados en las zonas más pobres del país como son las regiones del Chocó y La Guajira. Autoridades municipales esperan que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aparezca con las ayudas económicas para hacerle frente a las inclemencias del tiempo. Ahí seguirán en una espera infinita.
Hace tan solo unos meses, buena parte del país ardía bajo el fuego provocado por los incendios forestales, como consecuencia del Fenómeno del Niño. Miles de hectáreas de bosque, de sembrados, ardieron sin control. Autoridades municipales esperaron la aparición de la UNGRD para atender la emergencia, que, además, tuvo al país al borde de un largo y prolongado racionamiento de energía. Ahí se quedaron en una espera infinita.
Las dos caras de la moneda de un país que sufre por el cambio climático extremo. Las mismas poblaciones en medio de la pobreza con la esperanza que la ayuda económica por fin llegue, no importa que sea solo a cuentagotas.
Pero esta vez, tanto en el sofocante verano como en el crudo invierno, los dineros para atender estas emergencias, cogieron un camino distinto: el de la corrupción. 228 mil millones de pesos, fueron direccionados por funcionarios de la administración del presidente Gustavo Petro, para favorecer las reformas sociales que se adelantaban en el Congreso de la República. Así lo ha determinado la Fiscalía General de la Nación, al igual que las investigaciones que también adelanta sobre este caso la Corte Suprema de Justicia.
Este entramado de corrupción empezó a mediados de 2023, cuando la dirección de la UNGRD en cabeza de Olmedo López inició el proceso de la compra de 40 carrotanques con el fin de atender los problemas de suministro de agua potable en La Guajira. 46.800 millones de pesos se destinaron para esta compra. A razón de 1.170 millones de pesos por cada vehículo. Con el paso del tiempo se descubrió que esta compra, además de tener un sobrecosto de 20 mil millones de pesos, los carrotanques estaban arrumados en un parqueadero, sin poder cumplir el objetivo que era calmar la sed de miles de guajiros, especialmente niños.
A partir de ahí, el país ha presenciado uno de los hechos más aberrantes de corrupción que ha golpeado las puertas de las presidencias del Senado y la Cámara; que promete llevarse por delante a varios ministros y altos funcionarios del gobierno Petro; a un grupo de contratistas inescrupulosos que se prestaron para este desfalco contra el fisco nacional, mientras las poblaciones más pobres del país se ahogan en el crudo invierno o mueren de sed en el inclemente verano.
Ha transcurrido casi año y medio desde que se destapó esta caja de Pandora que todavía no se sabe a ciencia cierta a dónde va a conducir a los investigadores tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema de Justicia.
Como estos macro casos de investigación se desarrollan por capítulos, estilo novela policíaca, a lo largo de 2024 el trabajo realizado por los fiscales ha permitido que hoy seis de los implicados realizaran un preacuerdo con la Fiscalía que les permite rebajar sus condenas. Todo ello a cambio de colaborar a fondo con la justicia y lograr desenredar la madeja de esta telaraña de corrupción. Eso sí, el acuerdo debe ser avalado por un juez de la República.
La negociación judicial la adelantaron seis de los implicados en el desvío de los recursos de la UNGRD que tiene la tarea de atender las zonas más vulnerables del país como consecuencia de los desastres naturales. La organización criminal está en cabeza de Olmedo López, quien era el director de la UNGRD, su segundo abordo Sneyder Pinilla y sus funcionarios de confianza Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez. Ese grupo de funcionarios son los responsables del entramado ilegal que permitió repartir contratos amañados por más de 228 mil millones de pesos, que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, fueron direccionados con el fin de favorecer las reformas que el gobierno del presidente Petro tramitaba en el Congreso de la República.
A ese grupo de funcionarios de UNGRD por su puesto se aliaron los contratistas Luis Eduardo López, más conocido como “El Pastuso”, pieza clave en todo el entramado de la compra de los carrotanques y Edgar Riveros, un abogado encargado del trámite de los documentos para no dejar huellas del desvío de los dineros.
Las negociaciones de penas acordadas con los fiscales del caso, señalan que Olmedo López cumplirá siete años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y peculado. Tendrá que devolver 724 millones de pesos que recibió por los trámites que hizo para desviar la contratación. Sneyder Pinilla pagará por los mismos delitos, seis años y seis meses de prisión y tendrá que devolver la suma de 618 millones de pesos. El abogado Pedro Rodríguez, cumplirá una pena de cuatro años y diez meses y Luis Carlos Barreto preacordó el pago de tres años y siete meses. Los dos por los mismos delitos de concierto para delinquir y peculado.
Todas estas rebajas de penas y los preacuerdos con los fiscales del caso, serán posibles si un juez de la República avala la negociación con el fin que los implicados entreguen información que demuestre cómo se direccionaron los contratos, a quiénes beneficiaron y cómo fueron las órdenes impartidas por los altos funcionarios del gobierno Petro.
Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia, han logrado la recopilación de una serie de informaciones entregadas por los implicados, que a cuentagotas y con una estrategia mediática, han revelado los nombres de altos funcionarios del gobierno, así como congresistas beneficiados con esa feria de contratos de la UNGRD. Por esa razón, la Fiscalía se apresta a imputar cargos por lavado de activos y tráfico de influencias a Sandra Ortiz, quien ocupó el cargo de consejera para las Regiones. Olmedo López y compañía, la señalan de haber sido la emisaria en la recepción de tres mil millones de pesos que fueron a parar a manos del entonces presidente del Senado, Iván Name.
También los fiscales le siguen el rastro entregado por Olmedo y Pinilla a otros mil millones de pesos, que fueron a parar a manos del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, dineros que, de acuerdo con los testimonios de los implicados, se entregaron en el apartamento del congresista.
Pero la lista de nombres no para ahí. López y Pinilla han reiterado en varias diligencias judiciales que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla y exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, están de lleno involucrados en este entramado de corrupción.
Pero no solo la Fiscalía ha avanzado en este proceso de investigación. También lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Instrucción, con ponencia del togado Francisco Farfán, decidió abrir investigación formal contra el presidente del Senado, Iván Name y el presidente de la Cámara, Andrés Calle. Les endilga los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a terceros.
En la apertura de investigaciones, la Corte Suprema ha sido clara en señalar que se creó una estructura que tenía como finalidad la de apropiarse de los recursos públicos de la UNGRD, con el propósito de sobornar a algunos congresistas con el fin de que coadyuvaran en la aprobación de las reformas legislativas del interés del Gobierno.
Pero no solo fueron llamados a indagatoria los presidentes de la Corporación, sino también a otros cinco congresistas que forman parte de las comisiones económicas que de acuerdo con la Corte “a cambio de avalar las operaciones de crédito habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos de la UNGRD que se tramitarían en la UNGRD en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”.
El hilo de esos acuerdos, según las investigaciones del Alto Tribunal y la información entregada por López y Pinilla, tiene como cabeza al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Los congresistas involucrados son Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Humberto Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz.
La Corte Suprema de Justicia, tiene en su poder 50 pruebas documentales, gracias al trabajo de la policía judicial y más de diez pruebas de testigos que van a demostrar cómo estos congresistas emitieron conceptos a favor respecto de las operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de recibir dádivas que se materializaron en contratos de la UNGRD.
Un año y medio después, la justicia comienza a encontrar los vasos comunicantes de uno de los escándalos de corrupción más aberrantes en el país. Los dineros destinados a atender las emergencias de las poblaciones más pobres de Colombia, terminaron en los bolsillos de congresistas y contratistas, en una supuesta jugada política para lograr cambiar el rumbo de las votaciones en las reformas sociales del gobierno del cambio. Qué paradoja.
