Esta es, tal vez, la pregunta más importante en el marco de la discusión del proyecto de reforma pensional que fue aprobado en el Senado el pasado 23 de abril de 2024. De un lado, está la voz de la joven Jerome Sanabria, quien ha manifestado su preocupación por su futuro pensional y el de su generación. Del otro, el Gobierno Nacional, que ha tildado estas preocupaciones como noticias falsas o exageraciones.
¿A quién creerle?
A primera vista, la joven universitaria aporta más argumentos. El lado del Gobierno solo dice que sí hay plata y que los jóvenes tendrán su pensión. Toca creerles. Es cuestión de fe. Pero como esto no es un concurso de retórica, hay que mirar la validez de las posiciones a la luz de la evidencia.
Antes de ello, es importante tener claro lo que se aprobó y por qué el debate. El proyecto plantea una forma de eliminar la competencia entre dos regímenes pensionales: uno de ahorro individual y otro llamado de primera media o, también, engañosamente, de solidaridad. La diferencia entre ambos es que en el primero la plata que se ahorra es del ahorrador, mientras que, en el segundo, las contribuciones van a una bolsa común que sirve para pagar las pensiones de quienes simultáneamente terminan su vida laboral.
Decía que el proyecto elimina esa competencia. Esto quiere decir que todos los trabajadores entraremos al régimen de prima media y, según los ingresos, podremos también tener ahorros en cuentas individuales.
Así, una cuestión relevante es qué tan importante será cada uno de estos regímenes en el nuevo sistema. Esto depende del umbral. Según lo aprobado en Senado, este quedó en 2.3 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Así las cosas, todos los trabajadores, hasta ese nivel de ingresos, entregaremos lo proporcional de nuestros aportes para el régimen de prima media. Esto quiere decir que más del 86 % de los aportes se quedarán en el régimen de prima media. Si lo suben a 4 SMLV este dato ascenderá a casi la totalidad. La mayoría de los trabajadores gana menos de tres salarios mínimos.
En el mismo saco
¿Por qué esto es importante? Porque en ese régimen, como se mencionó antes, los aportes van a una bolsa común que sirve para pagar las pensiones de los ya pensionados. Por eso, engañosamente, algunos lo consideran como un sistema solidario.
En este sentido, si la mayoría de los recursos estará en esa bolsa, es necesario saber qué tan sostenible será ésta en el futuro. Tres criterios permitirán mirar a dónde apuntan las tendencias: el demográfico, el de las lógicas de los dos regímenes y uno último que he rotulado “Dinamarca o Cundinamarca”.
Comencemos por los demográficos. Para que la bolsa común sea sostenible, es necesario que, al menos, haya tantos jóvenes cotizando como pensionados recibiendo su pensión. En esto, los pronósticos no son alentadores. Por ello, tanto el ministro de Hacienda como la ministra de Trabajo han reconocido que esta reforma tendrá una vigencia muy corta.
Los datos del DANE, entre 2020 y 2070, muestran que la población colombiana comenzará a tener un menor crecimiento desde el año 2050 o 2052. En el mismo periodo, las tasas de mortalidad bruta superan a las de natalidad. En el entretanto, la esperanza de vida al nacer se espera aumente de manera sostenida. ¿Resultado? Una inversión de la pirámide poblacional: es decir, una población envejecida, casi sin jóvenes. Así las cosas, al menos desde este criterio, a Jerome los datos le dan la razón.
Miremos el segundo criterio: las lógicas de cada régimen. En caso de que sea mayoritario uno de prima media, para su sostenibilidad, es necesario ver las tendencias en informalidad, así como la capitalización que tengan los recursos aportados.
Sobre lo primero, no hay evidencia que permita decir que la informalidad va a reducirse en el país. Y menos si se aprueban reformas que harán más caro el empleo formal. El dato más reciente disponible muestra una reducción de 57,8 a 56,3 en un año. No obstante, cuando se mira el dato comparable más antiguo (promedio móvil diciembre 2012 - febrero 2013), la informalidad laboral se ubicaba en un 50,3 %. A lo sumo, puede decirse que la informalidad en Colombia gira en torno a un 50 %.
El de la capitalización de los recursos puede considerarse que es algo asegurado, ya que se aprobó que el fondo sea administrado por el Banco de la República. No obstante, además de algunas dudas en relación con los incentivos e intereses en esa administración, lo relevante es que los recursos aportados serán utilizados de manera casi simultánea en pago de pensiones, además que parte de ellos irá a financiar el pilar solidario, consistente en el pago de un monto simbólico a millones de ancianos que no pudieron ahorrar, debido, entre otras, a la alta informalidad. Así, desde este criterio, otro punto para Jerome.
La bendita corrupción
El último criterio es el de Dinamarca o Cundinamarca. El proyecto asume que una centralización de la administración de los recursos en el Estado es mejor a la hecha por los fondos privados. Este supuesto, no obstante, desconoce la realidad de cómo funciona el Estado colombiano y la probabilidad real de corrupción, clientelismo y despilfarro de recursos. Además, está el caso de Colpensiones, una entidad que no sabemos cuánto durará en prepararse para asumir sus nuevas funciones y lo que eso representará en recursos perdidos de los aportantes. Estamos en Cundinamarca. Otro elemento que debe preocupar a Jerome.
Así, al menos desde estos tres criterios, no se puede considerar que la reforma planteada por el Gobierno será sostenible en el tiempo, lo que se traduce en que las pensiones de los más jóvenes sí están en peligro. Ojalá esto lo tengan en cuenta en las discusiones sobre el proyecto en la Cámara de Representantes.
