El presupuesto de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia registró un incremento sustancial durante el año 2023. Según el informe de cierre presupuestal de la entidad, el año fiscal inició con una asignación de 657.000 millones de pesos, aprobada en la ley de presupuesto. Sin embargo, al finalizar el período, el monto total ascendió a 2.2 billones de pesos, lo que representa más del triple de la cifra inicial.
Es importante destacar que la mayor parte de estas adiciones presupuestales no fueron sometidas a debate en el Congreso de la República. Si bien la ley de adición presupuestal, derivada de la primera reforma tributaria, asignó 208.000 millones de pesos adicionales a la entidad, el grueso del incremento se realizó mediante otros mecanismos. Específicamente, dos resoluciones del Ministerio de Hacienda, firmadas a mediados de septiembre y principios de diciembre, otorgaron a la Unidad un aumento de 1.4 billones de pesos. En ambos casos, la justificación proporcionada fue "una breve alusión a la necesidad de fortalecer la atención de emergencias en el país".
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El impacto de estas adiciones presupuestales se reflejó de manera significativa en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Este fondo, que es un patrimonio autónomo dentro de la entidad, vio cuadruplicados sus recursos disponibles, pasando de 552.000 millones a 2.18 billones de pesos. Es relevante mencionar que este fondo tiene la particularidad de poder operar sin la obligación de "publicar sus contratos en el Secop", además de tener la facultad de "entregar contratos de forma directa".
La gestión de estos recursos no ha estado exenta de escrutinio. La Contraloría General de la República, en su informe de auditoría, realizó un seguimiento detallado de los fondos y estableció hallazgos fiscales por aproximadamente 1.700 millones de pesos. Estos hallazgos incluyeron "varias irregularidades en la contratación y ejecución de ollas comunitarias en distintas regiones del país".
