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Superintendencia de Salud

Superintendencia Nacional de Salud emitió directrices para garantizar acceso al aborto en Colombia

Se establecieron disposiciones que garantizan la atención integral, sin importar el nivel de complejidad del caso o la etapa del embarazo.

Foto: Archivo Canva

El 15 de agosto, la Superintendencia Nacional de Salud publicó una circular externa con nuevas directrices para mejorar el acceso, la calidad y la integralidad de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia. La normativa se aplica a mujeres, niñas, adolescentes, adultas, así como a hombres trans y personas no binarias en cualquier etapa de su ciclo vital.

El 15 de agosto, la Superintendencia Nacional de Salud formalizó la emisión de una circular externa que establece nuevas directrices con el objetivo de asegurar el acceso, la calidad y la integralidad en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia. Este marco normativo tiene como alcance a mujeres, niñas, adolescentes, adultas, hombres trans y personas no binarias, sin importar la etapa de su ciclo vital.

La circular busca superar las barreras de acceso a los servicios de IVE en todo el territorio colombiano. Para lograrlo, se establecen disposiciones que garantizan la atención integral, sin importar el nivel de complejidad del caso o la etapa del embarazo en la que se encuentre la persona solicitante.

Entre 2017 y abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud ha identificado un alto porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y denuncias relacionadas con la IVE. De un total de 22.150 PQRD registradas en ese periodo, el 63 % reveló restricciones en el acceso a los servicios, incluyendo negaciones y dilaciones injustificadas.

Adicionalmente, la entidad detectó fallas en la disponibilidad de tecnologías y servicios complementarios, deficiencias en la atención en salud, así como en la disponibilidad y manejo de recursos humanos y físicos en los casos de IVE.

La circular externa fue desarrollada a través de un proceso de consulta que incluyó a un equipo interdisciplinario de la Superintendencia y contó con la colaboración de organizaciones sociales, prestadores de servicios de salud, empresas y entidades públicas. Este proceso permitió abordar las inquietudes de los usuarios y de colectivos especializados en la materia.

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