La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció a través de un comunicado para rechazar que el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y la exgerente Cindy Tatiana Vargas Toro, hayan intervenido de manera coercitiva en el Hospital María Inmaculada de Florencia, obligando al agente interventor suplente, Carlos Julio Ortega Olaya, a abandonar el cargo.
La entidad explicó que el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó la suspensión provisional del agente interventor, no está en firme. Según el artículo cuarto del auto emitido por la Sección Primera Subsección A del tribunal, la notificación debe realizarse de forma personal al demandado, trámite que aún no se ha completado.
Debido a este proceso pendiente, la Superintendencia reiteró que la providencia no es aún aplicable. En este sentido, la entidad subrayó que el agente interventor Carlos Julio Ortega sigue estando facultado para continuar con su labor de intervención administrativa en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.
Según la Superintendencia, la situación ha generado preocupación por la seguridad de los funcionarios involucrados en la administración del hospital.
Desde la Supersalud instaron a la Procuraduría, la Fiscalía y a las autoridades municipales y departamentales a tomar las medidas necesarias para evitar que este tipo de incidentes continúen ocurriendo.
¿Qué pasó previamente?
El hospital fue intervenido el 15 de agosto de 2024, pero desde la administración departamental consideran que no había razones jurídicas para la intervención.
Ahora, ante la decisión judicial, el gobernador señaló que se tomaría el control inmediato.
“El anterior superintendente, tal vez en retaliación por mi postura, por decir la verdad, tomaron la decisión de intervenir”, dijo Aguilar a los medios la noche de este jueves 19 de noviembre.
El mandatario dijo que el año anterior el hospital dio más de 16.000 millones de pesos en utilidades.
