El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció la suspensión de la demanda interpuesta por Thomas Greg and Sons contra el Estado colombiano por 117.000 millones de pesos. Ambas partes, representadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Temporal Pasaportes 2023, solicitaron de común acuerdo la pausa del proceso judicial por un término de 60 días hábiles, según se detalla en el documento emitido por el tribunal. Este plazo podría extenderse hasta enero de 2025, dependiendo del avance de las negociaciones.
La suspensión judicial no está relacionada con la continuidad del servicio de impresión de pasaportes en Colombia. En septiembre de 2024, la Cancillería y Thomas Greg and Sons alcanzaron un acuerdo en la Procuraduría para garantizar la producción de pasaportes hasta septiembre de 2025. Este acuerdo tiene como objetivo evitar interrupciones en el servicio mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja en la implementación de un nuevo modelo de pasaporte.
El origen del conflicto data de 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la impresión de pasaportes, lo que llevó a Thomas Greg and Sons a presentar la demanda. En respuesta a la situación, el Gobierno decidió prorrogar el contrato de la empresa bajo el argumento de urgencia manifiesta hasta octubre de 2024. Posteriormente, el acuerdo fue extendido hasta 2025 para asegurar la prestación del servicio.
Por otro lado, el Gobierno firmó recientemente un memorando de entendimiento con Portugal, que tendrá un papel clave en el desarrollo del nuevo modelo de pasaporte para Colombia. Este acuerdo de cooperación influirá en los planes para la transición a un nuevo proveedor del servicio, previsto para el próximo año.
La suspensión del proceso judicial entre Thomas Greg and Sons y el Estado colombiano concluirá el 25 de enero de 2025, fecha en la que se decidirá si las partes continúan con las negociaciones o reanudan el litigio. Mientras tanto, el servicio de pasaportes seguirá funcionando bajo los términos actuales acordados entre la empresa y la Cancillería.
