La decisión fue anunciada este martes por el magistrado ponente Marco Antonio Merchán González, quien declaró que no se encontraron irregularidades en el proceso que llevó a la Fiscalía General a presentar el escrito de acusación contra el exmandatario. El tribunal negó los tres principales argumentos presentados por los abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes cuestionaban la calificación dada a la indagatoria rendida por Uribe en octubre de 2019 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Merchán González señaló la complejidad del caso, considerando la renuncia de Uribe Vélez a su curul en el Senado durante la investigación. "El hecho que se tratara de un aforado llevó a que se aplicaran de la Ley 600 del 2000, situación que cambió el uso de facultad del implicado al renunciar a la calidad que le reconocía tal fuero lo que obligó a que se equiparan las actuaciones para dar continuidad al proceso", explicó el magistrado.
La Sala Penal indicó que durante la indagatoria de 2019 se cumplió con la presentación de los delitos y hechos investigados al exmandatario. El ponente aclaró: "Si bien es cierto que las actuaciones dentro del presente proceso han provocado diversas intervenciones judiciales, no goza de validez el sustento de reclamo que hace la defensa en la apelación de integrar al estudio de la nulidad el análisis que hizo otra Sala de este Tribunal al momento de evacuar la petición de preclusión de esta investigación".
Tras esta decisión, contra la cual no procede recurso alguno, se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio para examinar las pruebas documentales y testimoniales que sustentarán las teorías del caso. La Fiscalía General informó al Tribunal Superior que el proceso penal contra el expresidente Uribe prescribirá en octubre de 2025.
