Un nuevo artículo del Plan Nacional de Desarrollo se cayó por decisión de la Corte Constitucional, este modificaba el régimen de extinción de dominio de los bienes administrados por lo que se conoce como Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
Allí se explicaba que los bienes en poder del Estado eran imprescriptibles, o sea, que no vencían los términos para que este los mantuviera. Pero, la Corte Constitucional señaló que esta norma introducía cambios estructurales al régimen de extinción de dominio, sin que guarde relación con el Plan Nacional de Desarrollo.
La Corte argumenta que lo que se buscaba en ese momento era la protección de los bienes que son objeto de extinción de dominio, impidiendo que durante el trámite de dicha actuación terceros pudieran adquirirlos a través de procesos paralelos.
