“Una empresa criminal”, así la calificó la fiscal Andrea Muñoz para referirse al entramado de saqueo que se hizo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante cerca de cuatro horas la fiscal delegada narró uno de los hechos de corrupción más aberrantes del país y en el que señaló sin titubeos a altos funcionarios del Gobierno Nacional. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, el director de Función Pública, César Manrique y la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Los hombres de la mayor confianza del presidente Petro como lo son González, Bonilla y Manrique, están en la mira de las autoridades —Fiscalía y Corte Suprema de Justicia— por haber desviado dineros del Estado para alimentar la voracidad de la corrupción en el país.
Todo este escándalo proviene de la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, quienes desviaron más de medio billón de pesos de los recursos para atender las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales en las zonas más pobres del país. Todavía no se tiene una cifra exacta porque tanto la Fiscalía como la CSJ adelantan investigaciones paralelas para determinar el saqueo de la UNGRD.
Pero ese medio billón de pesos es lo que requiere hoy el Gobierno Nacional para atender la emergencia que se va a venir como consecuencia del Fenómeno de la Niña. “No tenemos los recursos para atender esos posibles desastres. Porque se robaron la plata del presupuesto de la entidad”, así lo sentenció Carlos Carrillo, el actual director de la UNGRD que no sale del asombro sobre las irregularidades que ha encontrado.
Allá en La Guajira
Toda esta historia de corrupción empezó hace más de medio año cuando estalló el escándalo de la adquisición de 40 carrotanques para atender la emergencia de escasez de agua en La Guajira por cuenta del Fenómeno del Niño, que originó una intensa sequía en uno de los departamentos más pobres y saqueados del país.
La compra de los 40 carrotanques se materializó en octubre del 2023 cuando la UNGRD en cabeza de Olmedo López firmó un acuerdo de compra con la firma Impoamericana Roger S.A.S. Un negocio que se cerró directamente, sin abrir licitación e invocando la emergencia sanitaria y económica decretada por el presidente Petro por la situación de desastre en la Guajira y que se extendió durante doce meses. El valor de la compra fue por 46 mil millones de pesos.
La cadena de irregularidades comenzó cuando se descubrió que la empresa seleccionada para proveer los carrotanques fue constituida en Cúcuta bajo el nombre de Comercializadora Agrodomínguez S.A.S con un capital de cinco millones de pesos y el principal servicio que ofrecía era el de proveer materiales para la construcción. Luego su objetivo se amplió para la importación y exportación de abarrotes y productos enlatados como sardinas, así como la destrucción de toda clase de carnes.
Pero no solo amplió su portafolio. También cambió de dueño. En julio de 2019 pasó a manos de Roger Alexander Pastas. Un hombre de 26 años, de origen pastuso y que en los registros se señalaba que era estudiante de medicina veterinaria. Solo era una fachada. El verdadero dueño y con quien Pinilla hizo el negocio de los carrotanques fue Luis Eduardo López Rosero, también conocido como “el pastuso”. Quien además, ha conseguido 155 contratos con la UNGRD por más de 160 mil millones de pesos.
Mientras los habitantes de la Guajira morían de sed por la intensa ola de calor provocada por el fenómeno del Niño, el escándalo de la compra de los carrotanques tomada forma de un enorme pulpo de corrupción que tenía en sus garras a Olmedo López y Sneyder Pinilla, responsables para ese momento de la dirección de la UNGRD.
La Contraloría General de la República estableció que había sobrecostos en la compra por más de siete mil 760 millones de pesos. Que la empresa contratista no tenía ni la experiencia ni el capital para haberle entregado semejante contrato. Las tres empresas elegidas por Olmedo López para que presentaran cotización tenían relaciones familiares, comerciales y personales entre ellas. En tiempo récord de 11 minutos se asignó el contrato por 46 mil millones de pesos
La caída de López y Pinilla
Toda esta cadena de irregularidades llevó a la caída de López y Pinilla el 29 de febrero pasado. Pero no sólo renunciaron a sus cargos, sino que el gobierno a través de la Oficina de Transparencia denunció penalmente a Olmedo López ante la Fiscalía por las irregularidades en la compra de los carrotanques.
A partir de ese momento se abrió una caja de Pandora con un hedor nauseabundo a corrupción que hoy tiene contra las cuerdas a altos funcionarios del gobierno, congresistas, contratistas y cuyo alcance final todavía no se conoce.
Los testigos de esa cadena de corrupción son tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla que a cuenta gotas han soltado la lengua sobre lo que ocurrió en la UNGRD, pero a cambio de ello buscan una negociación con la Fiscalía General de la Nación que se juega su independencia frente a la Casa de Nariño.
Hasta el momento las filtraciones de López y Pinilla a los medios de comunicación, permite conformar una lista con 26 nombres que están inmersos en esta telaraña de irregularidades. De ellos hay seis altos funcionarios del gobierno Petro, entre ellos cuatro ministros. Cinco funcionarios de rango medio y por supuesto el Congreso también ha puesto su cuota: nueve parlamentarios que recibieron sobornos millonarios a cambio de sus votos en la aprobación de proyectos claves en la pasada legislatura.
Ha sido tan grave este asunto que el propio presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio pidió perdón por lo ocurrido, pero sólo señaló a Olmedo de esta empresa criminal como la calificó la fiscal Andrea Muñoz.
Los testimonios de López y Sneyder ante la CSJ y la Fiscalía, que fueron revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, dejó perplejo al país. El testimonio de López señala directamente al ministro Ricardo Bonilla quien, a través de una de sus asesoras, María Alejandra Benavides, estuvo al frente para gestionar con urgencia tres contratos de la UNGRD por un valor de 92 mil millones de pesos, supuestamente con el fin de atender emergencias en tres de los municipios más pobres del país: Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).
Olmedo López le contó a la CSJ que el 15 de diciembre pasado tuvo una reunión en las oficinas del Ministerio de Hacienda donde Bonilla le dio la instrucción de gestionar lo más pronto posible esos contratos porque había un compromiso con un grupo de nueve congresistas. La razón: la aprobación por parte del Congreso de créditos internacionales que sumaban más de 850 millones de dólares.
Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal Muñoz señaló a César Manrique, director de Función Pública y alfil del presidente Petro, de ser el cerebro de un plan para lograr desviar 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras hacia la UNGRD y sobre los cuales el funcionario pretendía quedarse con una coima del 7 %. En plata blanca: siete mil millones de pesos.
El Congreso
La fiscal Andrea Muñoz señaló que Olmedo López y Sneyder Pinilla dirigieron esa empresa criminal para saquear los recursos públicos y contratación ilícita para beneficiar a los congresistas.
La fiscal soltó otra bomba en esta maraña de corrupción. Señaló que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, fue quien le dio la orden a Pinilla de entregar cuatro mil millones de pesos a los presidentes del Congreso. Tres mil millones para Iván Name que precedía el Senado y mil millones para Andrés Calle que estaba al frente de la Cámara. Toda esta operación se gestó cuando González se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).
Durante la audiencia de imputación de cargos la fiscal delegada señaló que, a través de la entonces consejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz, se coordinó la entrega de los tres mil millones de pesos a Iván Name.
Esa empresa criminal de la que habla la Fiscalía tenía en la mira, contratos por más de 380 mil millones de pesos. En solo coimas se entregaron más de cinco mil doscientos millones de pesos. A eso se suma los siete mil 800 millones que se recibieron por el contrato de los carrotanques. Todos esos dineros irregulares salieron del erario público. Del presupuesto para atender las poblaciones más vulnerables del país por cuenta de los desastres naturales. La olla se raspó hasta el último centavo.
Todavía no está escrito el último capítulo de este entramado de corrupción. Faltan nombres de importantes funcionarios de la administración del gobierno del Cambio. Por lo pronto, ya cobró la primera cabeza: Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, que renunció a su cargo.
