No se me ocurre una mejor y más eficiente forma de mantener, expandir y profundizar la pobreza de una región que a través del pago excesivo de los servicios públicos. Es, literalmente, reemplazar el “cinturón de pobreza” —como se le denomina— por una cadena gruesa de acero inoxidable. Pasando de lo figurativo a lo real, los estratos 1 y 2 de la Costa Caribe destinan, según un informe entregado por el actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa a Presidencia, el 65 % de sus ingresos para pagar servicios públicos.
Aterrizando en cifras, a excepción de Barranquilla, según el documento Caracterización de la oferta y demanda de trabajo en la Región Caribe del Banco de la República, la mayoría de los ingresos laborales de la región se encuentran por debajo del salario mínimo de 2023, o sea, menos de $1.160.000. Destinar aproximadamente $754.000, asumiendo la minoría que gana un SMLV, para pagar servicios públicos es ser un esclavo en pleno siglo XXI. Pero este problema no es de carácter generalizado en materia de servicios, sino que el alto costo se concentra en el principal, en ese servicio que, sin él, se viajaría de un tirón al siglo XVIII o incluso antes; hablo pues, del servicio energético.
Este rompecabezas, para decepción de muchos enemigos del sector privado, no nace con la nefasta Electricaribe o Air-e. Como concluyó la Superintendencia de Servicios Públicos en el lejano 1997, la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA) debía ser intervenida por: “mala gestión de recaudo de cartera, el alto nivel de pérdidas técnicas y no técnicas, las ineficiencias administrativas, un alto endeudamiento e incumplimiento de pagos”.
Para no caer en la trampa de las ambigüedades lingüísticas propias de nuestro Estado, eso que llaman “ineficiencias administrativas”, no es más que el compendio de los hechos de corrupción que rodearon a la polémica empresa y que, como a muchas de la época, la llevó a la quiebra absoluta. Tras el Fenómeno del Niño de 1998, la situación fue insostenible y, para evitar un nuevo gran apagón, se aprobó la capitalización del sector privado para robustecer el sistema.
Es ahí donde las famosas Electricaribe y Electrocosta hacen presencia y, para sorpresa de nadie, empiezan a presentar los mismos problemas que con la extinta CORELCA, pero con una arandela más; el aumento generalizado y sostenido del costo del servicio. Es aquí donde el “alto nivel de pérdidas técnicas y no técnicas” se hace protagonista.
“Para aquellos que no vivan en la región, es natural pensar que una vez pague un recibo este sirva de garantía de no suspensión y/o doble cobro en el mediano o largo plazo, sin embargo, aquí no funciona así; el doble cobro de meses y la suspensión del servicio aun estando al día es de las quejas más comunes que existen”
Cuando se habla de pérdidas técnicas, se refiere a pérdidas de energía debidas a aspectos relacionados con el diseño, la planeación, la construcción y la operación del sistema eléctrico. Por el contrario, cuando se habla de pérdidas no técnicas, y volviendo al lenguaje directo, se señala al hurto perpetrado por los usuarios y que no existe forma adecuada para facturar.
A priori este “tira que jala” sería el principal problema por resolver para estabilizar el precio o, por lo menos, de hacerlo susceptible de las bajadas cuando los embalses estén a máxima capacidad. Pero nada es tan simple, el desastre de CORELCA dejó una infraestructura física y administrativa muy deficiente y, al momento de llegar Electricaribe y Electrocosta, les tocó asumir pasivos en conjunto por casi un billón de pesos de 1997; sin contar el plan de inversión que oscilaba los dos billones en cinco años.
El negocio, como ya resalté, salió mal y empeoró la situación en cuanto a la prestación del servicio. Cortes de luz de más de 36 horas, daño constante de electrodomésticos e incluso pérdidas de vidas humanas por caídas de líneas de alta tensión y explosiones de transformadores se convirtieron en cosa del día a día en la Costa. El disgusto ante la inacción de las empresas y el Gobierno fue creciendo sin control y, para cuando sobrevino los problemas de facturación —que explicaré más adelante—, ya los consumidores estábamos aburridos y dispuestos a todo.
Un problema subyacente y muy importante es la poco conocida presunta práctica abusiva que las empresas (Electricaribe y Ari-e) hacen para seguir extrayendo todo el dinero de los usuarios. Para aquellos que no vivan en la región, es natural pensar que una vez pague un recibo este sirva de garantía de no suspensión y/o doble cobro en el mediano o largo plazo, sin embargo, aquí no funciona así; el doble cobro de meses y la suspensión del servicio aun estando al día es de las quejas más comunes que existen.
Esta jugarreta ha creado un caos en temas de pasivos para los usuarios porque nunca hay un punto de estabilidad en cuanto al “paz y salvo”. En mi caso personal, desde hace un par de años, he decidido crear una carpeta exclusiva para el pago de servicios de luz porque, según la empresa, y cada vez que se le da la gana, aparece todo el año 2021 en mora —o la vigencia que quieran—. A los pocos días de esto llega el funcionario de Air-e a pedir los recibos, y si por cualquier tema no hay nadie en la residencia, suspenden el servicio.
La “solución” es presentar un PQR a modo de reclamación anexando toda la evidencia de los pagos y esperar los tiempos de ley para recibir respuesta que, en un 80 % es de carácter negativo, a lo que toca apelar en la Superintendencia —suponiendo que el usuario tenga los conocimientos necesarios, si no, “tocó perder”—. Mientras todo se resuelve, se quedan sin servicio, pierden tiempo o dinero haciendo el PQR y presentándolo —porque la única forma segura es hacerlo en físico—, se frustra a unos no agradables 35 grados de temperatura con 80 % de humedad y piensa a quién pedirle el favor de guardar los alimentos que requieran refrigeración, porque se van a podrir.
“Cuando se habla de pérdidas técnicas, se refiere a pérdidas de energía debidas a aspectos relacionados con el diseño, la planeación, la construcción y la operación del sistema eléctrico. Por el contrario, cuando se habla de pérdidas no técnicas, y volviendo al lenguaje directo, se señala al hurto perpetrado por los usuarios y que no existe forma adecuada para facturar”
La relativización del pago del servicio, o como ellos llaman “la cultura del no pago” en la mayoría de los hogares solo es contra el servicio energético. En una comparativa justa, Gases del Caribe, principal empresa de gas domiciliario en la región, está en operaciones desde 1967 sin ninguno de estos problemas. Si bien financieramente el alto costo recae en temas como el cobro de las pérdidas, el alto monto de inversión necesario para una operación óptima y minoritariamente defectos en temas regulatorios matemáticos y temas climáticos, el verdadero meollo se enquista en la muy justificada desconfianza del usuario y su natural respuesta para no trabajar única y exclusivamente para pagar un recibo de luz que no es garantía de nada.
