La Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal por un monto de $23.531 millones debido a irregularidades en un contrato destinado al mejoramiento de vías secundarias en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.
Esta medida fue ordenada por el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien también dispuso una Intervención Funcional de Oficio en la región, apartando de la investigación a la Contraloría Departamental
El proceso se centra en el contrato de obra N°108*2018*000083, firmado el 30 de mayo de 2018, cuyo objetivo era mejorar las vías secundarias Sabanalarga-Manatí y Sabanalarga-Cascajal, además de las variantes y empalmes de estas con las vías urbanas. La decisión se fundamenta en las recomendaciones de la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, que identificó deficiencias significativas en la ejecución de las obras.
La intervención de la Contraloría también responde a denuncias recogidas por medios de comunicación locales, que alertaron sobre el deterioro de las vías mejoradas bajo este contrato. Los reportes indican que los daños han generado un impacto negativo en las condiciones sociales y económicas de la región, afectando tanto a la comunidad local como al desarrollo económico del departamento del Atlántico.
Otro aspecto relevante encontrado en la investigación es que, hasta la fecha, no se han hecho efectivas las pólizas de garantía de estabilidad de la obra, lo que agrava la situación al no contar con los recursos necesarios para reparar los desperfectos detectados.
Además del proceso actual, la Contraloría General de la República realiza otras acciones de control fiscal en Sabanalarga para supervisar diversos proyectos de infraestructura y gestión pública. En una reciente visita, el Vicecontralor Zuluaga anunció la identificación de diez proyectos relevantes, entre ellos la canalización del Arroyo 20 de enero y la construcción de la Cancha de Semicésped o Cancha Bolívar, destacando la importancia de una vigilancia continua y efectiva en la región.
