“La llegada del nuevo gobierno le está imponiendo una agenda de difícil aprendizaje a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Al Gobierno, le está enseñando que, por más claridad que tenga en la reforma tributaria, es necesario ajustarla tanto a las capacidades y necesidades de financiamiento del Estado».
PEDRO MEDELLÍN TORRES
Director Revista Alternativa
Arrancó la era Petro y ningún gobierno como el suyo había estado sometido a una presión política y social mayor, que la que está teniendo que soportar. Y no solo es la que están ejerciendo los sectores amigos que lo acompañaron desde el inicio de su carrera política, que esperan que el recién posesionado cumpla de inmediato con las reformas a las que se había comprometido. También están los sectores de oposición que no pierden oportunidad para señalar las inconveniencias y desajustes que están teniendo las propuestas del nuevo gobierno. Están además los sectores sociales vinculados a los más pobres y desprotegidos, que claman porque les entreguen las tierras o el empleo que les habían prometido. Y la clase política tradicional, que cada día le recuerda al presidente, que a ellos le debe, el haber aumentado su caudal electoral, en más de dos millones setecientos mil votos que fueron los que le dieron la victoria entre la primera y la segunda vuelta electoral.
La llegada del nuevo gobierno le está imponiendo una agenda de difícil aprendizaje a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Al Gobierno, le está enseñando que, por más claridad que tenga en la reforma tributaria, es necesario ajustarla tanto a las capacidades y necesidades de financiamiento del Estado, como también a las posibilidades de pago de los contribuyentes.
Es cierto que cerca de 4 mil empresarios colombianos ya han cambiado de residencia fiscal, porque la nueva estructura tributaria está teniendo tal perfil confiscatorio, que va a convertir en inviables, compañías que muy seguramente en otro lugar serían un proyecto empresarial muy rentable.
A la oposición le está enseñando que, si quiere tener éxito en su tarea de quitar el piso político que sostiene al gobierno, pues necesita estructurarse como una fuerza compacta y única que se haga valer por las causas en que se compromete, como por la solidez y consistencia que debe incorporar a sus argumentos de manera que, además de ser irrebatibles, sean lo suficientemente consistentes con los ciudadanos como para cambiar las buenas expectativas que tienen del gobierno por una realidad de crisis e insolvencia moral de sus gobernantes.
A los más pobres y desprotegidos les está enseñando que cualquier reforma o cambio que se vaya a hacer, para cumplir con un compromiso de entrega de dinero o especie en efectivo, se debe tomar un tiempo necesario para adecuar las normas y las instituciones al cumplimiento de los compromisos adquiridos con ellos. La razón es simple. Deben entender que, en aquellos lugares en los que debe cumplir con las promesas de tierra o empleo (especialmente para aquellos que no están en el espacio urbano o simplemente no hay los recursos para financiar estos compromisos), son precisamente a los que nunca ha llegado la acción del Estado. Y cualquier esfuerzo en esa dirección, pues va a requerir de un gran esfuerzo colectivo que primero que todo asegure la llegada del Estado al territorio. Si esa llegada no se produce, no hay ayuda posible.
Y finalmente, a la clase política tradicional (que presiona por la entrega de contratos y burocracia) le está enseñando que su empresa política está perdiendo viabilidad y sostenibilidad a futuro. Que sus empresas políticas no son más viables. Ya no tienen capacidad para agregar valor distinto al que puede producir una empresa ocasional creada para el trámite de unos recursos públicos, que solo terminan al servicio de unos dirigentes que se lucran de la acción partidista.
En este contexto, una reforma tributaria como la que radicó el Gobierno ante el Congreso de la República, no solamente va a terminar reflejando la realidad de las fuerzas políticas presentes en el Senado y la Cámara de Representantes, y su capacidad para conectarse e interpretar los sentimientos y las razones que tienen los que van a terminar siendo los receptores de los cambios, para aceptar la reforma y proceder con los pagos, o para volverse en un evasor estructural que se ve ante la necesidad de eludir el pago de un impuesto, pues por la magnitud se declara incapaz de pagarlo en su totalidad. También va a terminar reflejando las posibilidades reales que tiene la economía de asumir las cargas tributarias que se le van a imponer como consecuencia de las necesidades de financiamiento de los programas que tiene el gobierno entrante.
Sea cual fuere el resultado de la reforma, terminará siendo un cambio muy dentro de los límites de lo que históricamente han sido las reformas tributarias en Colombia: pequeños ajustes en los balances de ingresos y egresos que dan liquidez temporal al gobierno de turno que, de acuerdo a como maneje los recursos va a necesitar o no una nueva reforma. Un instrumento de uso tan extraordinario en los países de instituciones consolidadas, pero tan habitual en un país con instituciones frágiles. Como alguna vez dijo el sociólogo boliviano Fernando Calderón: “Colombia es un país tan pero tan especial y tan particular que todo lo extraordinario es un hecho cotidiano”.
